Madrid
El estudiantado universitario, representado por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), ha denunciado que el nuevo borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no supondrá ningún avance respecto a la vigente Ley Orgánica de Universidades de 2001, especialmente en lo relativo a los estudiantes universitarios.
Si bien es cierto que el nuevo borrador elimina alguna de las medidas que mermaban la democracia universitaria planteadas en el primer anteproyecto de la LOSU, el estudiantado reclama avanzar de forma firme y clara en la cogobernanza universitaria, denunciando que con las actuales modificaciones se estanca respecto a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), actualmente vigente, y sigue sin proponer una mejor Universidad.
Para ello, continúan reivindicando que los mandatos sean de 4 años renovables, en lugar de 6 años improrrogables como plantea la LOSU, permitiendo que todos los estudiantes puedan votar al menos una vez a sus decanos y rectores. A su vez, tanto CREUP como CEUNE reivindican que la presencia del estudiantado en todos los órganos universitarios y elecciones de cargos unipersonales sea de al menos un 30%.
Por otra parte, la nueva ley universitaria de Castells establece que los precios públicos universitarios serán fijados por cada Comunidad Autónoma, dentro de los límites máximos marcados por la Conferencia General de Política Universitaria. No obstante, el estudiantado universitario insiste en la necesidad de garantizar en la futura Ley Orgánica que el sistema de precios públicos deberá tender a la gratuidad de la primera matrícula universitaria, una idea que el Ministro de Universidades ha compartido públicamente en varias ocasiones.
Tampoco avanza la "ley Castells" en lo relativo a estudiantado universitario y participación estudiantil, incluyendo respecto a la LOU únicamente figuras ya vigentes como los Consejos de Estudiantes. Así, la nueva propuesta del ministerio no avanza en solucionar los principales problemas de los estudiantes, como la ausencia de procedimientos que garanticen sus derechos o la falta de innovación docente y modernización de los títulos universitarios.
Por ello, los representantes de estudiantes insisten en que este no debe ser el borrador final que entre a las Cortes y que no se deben dar por finalizadas las negociaciones. Insisten en una cogobernanza universitaria que avance hacia el futuro, que suponga una mejora democrática y no se estanque en el modelo actual.