Madrid
Durante los meses que duró la pandemia, Manuel Castells se convirtió en el ministro menos activo y más criticado. La comunidad universitaria se sintió abandonada a su suerte en un momento de crisis en el que necesitaban más que nunca su apoyo incondicional. Sin embargo, parece que este año ha querido comenzar su actividad ministerial por todo lo alto: con la aprobación de una nueva ley de Universidades. Así, el pasado mes de agosto el Consejo de Ministros aprobada el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)que ya ha ganado infinidad de enemigos.
Esta norma nace con el principal objetivo de reducir la precariedad del profesorado en las universidades y aumentar el porcentaje mínimo del docente funcionario con el que deben contar las universidades públicas. A pesar de que, para el desarrollo de esta ley, Castells consultó a múltiples actores del panorama universitario, formalizando un total de 70 reuniones, los miembros de las instituciones de educación superior no parecen estar de acuerdo.
El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) considera que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado por el Consejo de Ministros no responde a las necesidades reales de la universidad en nuestro país. Es por ello por lo que han expresado su insatisfacción por el continuismo del anteproyecto en este ámbito y la ausencia en él de los cambios estructurales necesarios para modernizar la universidad española.
Para estos especialistas, todos los modelos de éxito internacionales están caracterizados por la intervención de representantes de la sociedad civil, externos a la universidad, en las responsabilidades de gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad. La CCS también muestra su especial preocupación por el cambio en el sistema de designación de los miembros de los Consejos Sociales y apunta que debe evitarse su politización y garantizarse su independencia frente a los órganos de gestión universitaria.
Más financiación e internacionalización
Las arcas de las universidades necesitan una ayuda urgente. Así lo reclamaron ayer los máximos responsables de la Universitat Jaume I de Castellón, Universidad de Sevilla y la Universitat de València, durante la inauguración de las XVII Jornadas de Crue-Internacionalización y Cooperación, que se celebran en la Universitat de València en formato semipresencial. "Más financiación, autonomía y medidas para favorecer la internacionalización" pidieron ayer estos rectores. Alcón exigía "muchas reformas, un marco de contratación mucho más flexible para la atracción de talento y una mayor convergencia internacional de títulos de Grado y Máster".
Por su parte, la rectora Mestre ha insistido en las reclamaciones de Crue presentadas durante las negociaciones del nuevo marco legislativo que están teniendo lugar estos días entre el Ministerio de Universidades y los distintos actores del sistema universitario.
El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que también participó en la jornada quiso dejar claro que el Ministerio de Universidades tiene la "firme intención de presentar un documento con el máximo consenso posible" y ha avanzado que su Departamento está encontrando "Puntos de acuerdo importantes".
Los estudiantes: también descontentos
A través de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), los estudiantes mostraron su total oposición a una norma que les elimina de los órganos de Gobierno y de la Comunidad Universitaria en las elecciones democráticas a las Rectorías y Decanatos. Además, recorta en derechos y garantías y suprime la participación estudiantil fuera de las aulas.
Desde CREUP manifiestan que "una Universidad que escucha a sus estudiantes debe garantizar sus derechos, reforzar su presencia en los órganos de gobierno y proporcionar los recursos suficientes". Para ello, también exigen una mayor participación de los alumnos en la elaboración de los calendarios académicos.
La Federación de Jóvenes Investigadores tampoco está conforme con esta norma y es que reclaman la elaboración de un Estatuto del Personal de Investigación que defina claramente y además blinde los derechos laborales del sector de la investigación científica, especialmente en la etapa postdoctoral. También elaboraron una serie de demandas entre las que se encontraban que se aumenten las plazas de estabilización en universidades para el personal investigador.
El Ministerio se mantiene firme
Todas estas quejas parecen chocar con lo que mantienen desde el Ministerio de Universidades y es que los tres principales objetivos de la futura ley son la mejora de la calidad del sistema universitario, la vinculación con la economía y el empleo y conseguir ponerle fin a la precariedad del personal docente e investigador.
Manuel Castells también ha afirmado que "los estudiantes son la razón de ser de la universidad" y por ello el nuevo texto reafirmará sus derechos y deberes. El primer derecho es el de tener acceso a la educación superior tras superar las pruebas correspondientes y es por eso por lo que se seguirá reforzando la política de becas del gobierno.