Madrid
El pasado 31 de agosto se aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en Consejo de Ministros en primera lectura y, desde entonces, las críticas no han cesado. A pesar de que la nueva norma pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado y se marca cuatro objetivos entre los que cabe resaltar el acceso a la educación superior o garantizar la buena gobernanza de las enseñanzas universitarias, los estudiantes no están del todo satisfechos.
A través de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) han mostrado su total oposición ante este anteproyecto. Desde CREUP se han hecho públicos dos documentos en los que se recogen, por un lado, 10 razones por las que la LOSU "ataca al estudiantado", y por otro lado, 30 propuestas con el objetivo de alcanzar "la Universidad que merecemos".
El texto elimina al estudiantado de los órganos de Gobierno y de la Comunidad Universitaria en las elecciones democráticas a las Rectorías y Decanatos. Además, recorta en derechos y garantías y suprime la participación estudiantil fuera de las aulas. Además, para el estudiantado es fundamental modernizar la docencia y las titulaciones, apostando por el Aprendizaje Centrado en el Estudiante y garantizando unos sistemas de actuación y mejora continua de los planes de estudios.
Desde CREUP manifiestan que "una Universidad que escucha a sus estudiantes debe garantizar sus derechos, reforzar su presencia en los órganos de gobierno y proporcionar los recursos suficientes". Para ello exigen una mayor participación de los alumnos en la elaboración de los calendarios académicos, además de una mesa de negociación mixta formada por rectores, sindicatos y representantes del estudiantado para que se pueda negociar con el Ministerio de Universidades. Este debate tendrá lugar el próximo 28 de septiembre para que todos los agentes puedan realizar propuestas y consensuarlas.
Reunión de consenso
El objetivo de la reunión es, tal y como indica el comunicado de Universidades "avanzar en la construcción de acuerdos comunes y facilitar el debate y diálogo para avanzar en la propuesta de nueva ley orgánica del sistema universitario". Esta cita se producirá en el marco de reuniones que el departamento de Castells está desarrollando con los diferentes sectores de la comunidad universitaria y los órganos vinculados para continuar con el trabajo de diálogo y negociación sobre la nueva LOSU.
Esta futura ley incorpora un cambio en la designación de los rectores, un cargo reservado hasta la fecha a los catedráticos, así como de los decanos. Se cambia una "definición por rango a una por méritos", de modo que cualquier funcionario podrá presentarse a ser rector siempre y cuando tenga tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y haya desempeñado cargos en la institución durante, mínimo, cuatro años.
Más críticas
Desde la Federación de Jóvenes Investigadores consideran también que algunas disposiciones de este anteproyecto de ley son insuficientes. Reclaman la elaboración de un Estatuto del Personal de Investigación que defina claramente y además blinde los derechos laborales del sector de la investigación científica, especialmente en la etapa postdoctoral. FJI-Precarios elaboró una serie de demandas entre las que se encontraban que se aumenten las plazas de estabilización en universidades para el personal investigador; articular los requisitos de los concursos de traslado y aumentar su número o mantener en 5 y no en 6 años el contrato del Profesorado Ayudante Doctor.
Los estudiantes no han sido los únicos que han puesto el grito en el cielo con esta norma. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, denunció la "perversa estrategia del Gobierno central" de esta ley. A juicio de la presidenta, se está "dando paso a colectivos afines en la toma de decisiones, con lo que dinamita la convivencia universitaria". Es por eso por lo que Ayuso ha adelantado que seguirá defendiendo y apoyando los proyectos que tengan excelencia y calidad en Madrid, ya sean públicos o privados
