Madrid
Se convirtió en la ministra más cuestionada del Gobierno y, tal y como llegó, se fue. Celaá abandonó un ministerio lleno de caos e incertidumbre con una nueva Ley educativa muy polémica que no acabó de convencer a los miembros que forman esta comunidad. Es ahora cuando, desde el mismo ministerio pero con distinta autoría, se aprueba una nueva norma con el objetivo principal de reducir el paro juvenil, cuya tasa se encuentra en el 38%.Sin embargo, las empresas tienen problemas para encontrar técnicos. La nueva normativa busca adaptar los perfiles que demanda hoy el mercado de trabajo.
Así, el pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Pilar Alegría, la ministra de Educación, afirmaba que se trata de una "palanca que ayuda a hacer realidad" la transformación del país, destacando también que permitirá mejorar la educación de los jóvenes y los trabajadores.
A pesar de que la situación actual del entorno laboral es peliaguda para toda la sociedad, es peor, si cabe, para los jóvenes. Son estos los que se enfrentan a un mercado sin experiencia y con una formación que no acaba de responder a las necesidades de las empresas. No obstante, la Formación Profesional goza de mejor posición que, por ejemplo, los egresados universitarios. De hecho, el desempleo afecta hasta 6 veces menos a aquellos estudiantes con estudios de FP. Visto desde otro punto de vista, la tasa de empleabilidad de la formación profesional se sitúa en el 42,2%, superando la cifra de los estudios universitarios, que se encuentra en el 38,5%, según los datos del último Observatorio de las Ocupaciones del SEPE.
Con un presupuesto de más de 5.000 millones de euros, la propuesta del Ministerio de Educación se centra en varias novedades dirigidas a flexibilizar la etapa, hacerla más atractiva para todos los estratos y darles mayor protagonismo a las empresas, mediante la creación de un tutor que evalúe una parte de los conocimientos del alumno. De esta forma, la futura Ley de Formación Profesional consolida y ordena un sistema único que, por primera vez, estará dirigido a estudiantes y trabajadores para facilitar itinerarios formativos a lo largo de la vida profesional de las personas.
El texto establece una oferta formativa única y modular ordenada en itinerarios que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E), con los que el trabajador podrá acreditar su nivel de conocimientos. El primero es el más básico y acredita una competencia parcial y el último es el más avanzado, que equivaldría a un grado superior junto a un curso de especialización. Los anteriores grados medios se situarían como grados C o D. Esta oferta será acumulable, certificable y acreditable y la experiencia formativa de cada persona estará disponible en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional.
Todo será dual
Será a partir del grado C cuando toda la FP adquirirá un carácter dual, lo que significa que todos los estudiantes harán prácticas en empresas. Habrá dos tipos, una más centrada en la parte educativa y otra con vinculación contractual con la empresa, que asumirá hasta un 40% de los gastos de la formación. La ministra ha concretado que la FP general tendrá un periodo de prácticas de entre el 25% y el 35% y la FP intensiva de un 35% a un 50%. Con estos porcentajes aumenta el tiempo que los estudiantes pasarán en la empresa, lo que se exigía desde muchos apartados de la comunidad educativa. Los jóvenes sentían que no salían lo suficientemente preparados al mercado laboral y los requisitos de las empresas no tenían nada que ver con la formación que habían adquirido en las instituciones de educación.
El desempleo afecta hasta 6 veces menos a aquellos estudiantes con estos estudios
Otra de las principales novedades que trae consigo esta norma es que regulará la relación entre las enseñanzas de FP y las universitarias, de tal forma que facilitarán el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y que posibilite convalidar a los estudiantes de FP hasta un 25% de los créditos de un grado similar. Concretamente, se prevé impulsar modelos de colaboración e incluso intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento.
Sin soluciones al profesorado
El cuerpo docente es otro de los cambios de esta ley. Y es que se ofrecerá la posibilidad a los centros, de manera excepcional, de recurrir a profesores "especialistas", parecidos a los docentes asociados de la Universidad. Además, el cuerpo de profesionales técnicos se dividirá en dos perfiles: los que tienen carrera universitaria y los que no. El primer grupo podrá promocionar, pero para el segundo grupo se creará una categoría con diez especialidades.
En general, los sindicatos docentes han celebrado la aprobación de esta nueva ley, pero echan en falta una mejoría de las condiciones laborales del profesorado. UGT celebra que el proyecto venga acompañado de una memoria de, concretamente, 5.474 millones de euros, pero pide que esta inversión se destine a aumentar las plantillas docentes en la FP, y a ofrecer una mayor oferta formativa. Por su parte, STEs-Intersindical rechaza rotundamente esta norma ya que considera que se "privatizará" la FP.
La Formación Profesional en cifras
Es la etapa educativa con mayor incremento de alumnos en los últimos años. En el periodo comprendido entre 2010 y 2020 el aumento de alumnado alcanzaba hasta el 65%, pero no se queda aquí, ya que en el curso pasado 2020/2021 se registraron 46.494 estudiantes más respecto al año anterior hasta alcanzar un total de 934.204. Este incremento responde directamente a los últimos datos del informe Oferta y Demanda de Empleo en España llevado a cabo por Adecco, en el que se confirma que prácticamente un 40% de la oferta de trabajo a nivel nacional va dirigida a profesionales con esta formación.