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El sector de la Educación Infantil pide ayudas económicas urgentes ante el cierre de casi un 20% de centros

  • Solicitan la implementación de modelos de financiación, con el objeto de favorecer la viabilidad de estas empresas
Madrid

Las organizaciones patronales ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, han suscrito una Declaración Conjunta en la que solicitan medidas urgentes ante la "grave crisis" que padece este colectivo agravada por la pandemia.

En concreto, solicitan la implementación de modelos de financiación, con el objeto de favorecer la viabilidad de estas empresas, y con ello las condiciones que permitan el mantenimiento y mejora del empleo y salarios, y la prestación de un servicio de interés público esencial.

Asimismo, piden ayudas económicas extraordinarias para paliar los efectos derivados de la pandemia y que eviten el cierre de los centros de Educación Infantil privados. "Para ello, los fondos europeos y el reparto de los mismos, deben responder a criterios objetivos de pérdida de ingresos, como puede ser un 30% de caída, sin que se tenga que limitar el acceso a los mismos a unos sectores de actividad con unos CNAE específicos", reclaman.

En tercer lugar, demandan la creación de una Mesa Sectorial de Educación Infantil, que esté presidida por el Ministerio de Educación y FP, y en la que se aborde de la mano de los representantes de la negociación colectiva del sector sus problemáticas y posibles soluciones.

Crisis del sector

Según explican las patronales, la red de centros privados está formada principalmente por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera. Antes del inicio de esta crisis sanitaria existían en España más de 5.100 centros educativos de 0 a 3 años, que escolarizaban a más de 250.000 alumnos, y que empleaban a más de 50.000 profesionales.

Sin embargo, lamentan que este sector está inmerso en una "profunda crisis", agravada por los efectos de la COVID-19, que está derivando en el cierre de centros, superándose en la actualidad alrededor del 20% desde el inicio de la pandemia, con la consiguiente pérdida de empleo que ello conlleva.

Ya antes de que estallara la pandemia, existían factores que propiciaban la crisis del sector, dicen las patronales, como el "preocupante" descenso de la natalidad; la "persistente competencia desleal de establecimientos que se publicitan engañosamente como centros de Educación Infantil", sin la oportuna autorización administrativa; o la "imposibilidad de repercutir en las cuotas de las familias los incrementos de costes de funcionamiento y, sobre todo, los sociales que han llegado al 45%".

A todos estos factores preexistentes se han venido a unir los producidos por la pandemia, como el teletrabajo derivado de la pandemia, así como el miedo al propio coronavirus, que han propiciado un descenso de las matriculaciones que va desde el 40% hasta más del 80%; y el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, que no ha tenido en cuenta los CNAE correspondientes a este tipo de educación.

Del mismo modo, se quejan del anuncio del Gobierno, tras la reciente publicación de la LOMLOE, de la creación de 65.000 plazas públicas y gratuitas de primer ciclo de educación infantil, lo que contrasta con "la ausencia de toda previsión destinada al estudio de alternativas de financiación y/u organización que permitan la subsistencia de la red privada de centros", y la "falta de apoyo y reconocimiento de la mayoría de las administraciones públicas".

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