Madrid
Para corregir los recortes ven necesario "como mínimo" una inversión plurianual de más de 1.000 millones.
CC.OO. de Madrid ha presentado este jueves un informe "demoledor" sobre la financiación educativa en la Comunidad de Madrid, que se sitúa por debajo del conjunto de España en más de 900 euros por alumno de los centros públicos.
En concreto, la media de inversión por alumno en los centros públicos en 2018 era 927 euros menor que en el conjunto de España, lo que sitúa a Madrid en la última posición, según el informe. Pero además, en 2018 se invierte por alumno 685 euros menos que en 2009, lo que representa un recorte del 17% por ciento, frente a la reducción media estatal del 12,4%.
El secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, ha criticado que además el recorte se produce en un escenario de crecimiento de la riqueza de la comunidad, que en el periodo 2008-2018 asciende al 16%, y de aumento de la escolarización, que se sitúa en un 18%.
Igualmente, ha denunciado que el recorte ha atravesado todo el sistema de educación pública, desde educación infantil hasta universidades, "mientras crecía la financiación de los centros privados".
Según Cedrún, "esta apuesta por ese modelo de educación mercantilizada que ha hecho el Partido Popular a lo largo de los últimos diez años en la Comunidad de Madrid lo que sí que está incrementando es el negocio del sector privado, que es lo que crece de una manera importante en los últimos años".
Plan de inversión de 1.000 millones
A su juicio, para corregir los recortes hace falta "como mínimo" una inversión plurianual de más de 1.000 millones de euros, al tiempo que ha puesto el foco en la concertada, así como en las universidades privadas.
En este sentido, ha denunciado que "en esta Comunidad se está limitando el derecho a la educación a buena parte del alumnado", ya que "esta Comunidad es la más segregadora de España y una de las más segregadoras de Europa, con abundancia de centros gueto en función de qué barrios".
"Lógicamente se está negando las mismas oportunidades a todos los madrileños y todas las madrileñas, por lo tanto estamos en una aberración desde el punto de vista constitucional", ha agregado.
A su entender, "no se está haciendo la política educativa en función de garantizar el derecho a la educación sino que se está haciendo fundamentalmente en función de privatizarlo y garantizar un buen negocio a muchos empresarios en esta comunidad".
En este sentido, ha recalcado que las cesiones de suelo que "facilitaba la ley Wert" han llevado a "la educación como negocio y no como derecho", y a "una crisis educativa muy grave que hay que resolver".
Para Cedrún, no se trata solo del derecho a la educación de los niños sino también de la recuperación de la Comunidad de Madrid, para lo hace falta un sistema educativo "equilibrado, compensado y funcionando bien".
Para ello, ha reivindicado un plan plurianual de financiación de más de 1.000 millones de euros, fundamentalmente para la enseñanza pública, "que es la que en estos momentos tiene más necesidades y está sufriendo más desequilibrios".
De esta forma, ha señalado que "hace falta dinero", y ha denunciado "la trampa de la bajada de impuestos", que a un madrileño con un salario medio le supone "muy poquito", pero "al mismo tiempo, con esta política que están haciendo, lo mismo lo único que tiene cerca de su casa es un colegio de concertada, y va a tener que llevar a su hijo a esa concertada, y que va a tener que pagar, porque no está siendo gratuito por fórmulas diversas".
En este sentido, ha pedido "revisar" los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, con los que se deja de recaudar, respectivamente, casi 1.000 millones de euros y 2.000 millones de euros todos los años, y ha abogado por una "fiscalidad equitativa".
Frente a la segregación y los centros gueto, ha abogado por "garantizar que padres y madres puedan elegir centros pero dentro de unos marcos", y ha señalado que "hay fórmulas en Europa" y "por muchos sitios".
También ha planteado que se puede dar un tratamiento especial de recursos a los centros con más alumnado vulnerable, recuperar lo que se acordó con los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y que "se han cargado los gobiernos de Esperanza Aguirre".
"Necesitamos una gestión en la Comunidad de Madrid que piense en el alumno y en la alumna, que no piense en el negocio", ha reiterado, para rechazar "una gestión pensada en conseguir que el amiguete de turno pueda tener su negociete".
Mantener las bajas de ratio
Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Isabel Galvín, ha pedido el mantenimiento de las bajadas de ratio que se han producido este curso para garantizar la seguridad de los centros, porque el curso que viene "empezará con pandemia, lamentablemente", pero además porque "se ha demostrado muy útil para mejorar la respuesta educativa", especialmente de los alumnos en mayor desventaja.
Igualmente, ha abogado por que esta bajada de ratios que espera que se convierta en "definitiva" se amplíe a los niveles en los que no se ha producido, y ha asegurado que "la semipresencialidad es un fracaso".
Además, ha pedido ampliar la plantilla en 15.000 profesores y 5.000 profesionales de atención educativa, que se terminen los centros en construcción y que se construyan nuevos centro para ampliar la red, así como un plan renove de los ya existentes, la retirada "inmediata" del amianto y la climatización de los centros.
"En ese plan de emergencia consideramos que tiene que poner la atención la política educativa después del 4 de mayo", ha aseverado Galvín.