Más de 19.800 millones de euros. Esa es la cantidad que los hogares españoles gastaron en la educación de sus hijos en el curso 2019/2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone un crecimiento del 51% respecto al curso 2011/2012, anterior edición de la Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación.
Por su parte, el informe anual Sistema estatal de indicadores de la educación 2020, elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pone de manifiesto que, mientras que el gasto de las familias en educación ha crecido un 35% en una década (2008-2018), la inversión pública apenas lo ha hecho un 1,8%. Es más, en 2014 el dinero destinado por el Gobierno a este fin tocó su mínimo en este periodo en los 44.789 millones de euros, un 16,8% menos que en 2009, cuando registró su nivel más alto.
"Las familias estamos haciendo frente a gastos que deberían estar cubiertos por las administraciones y, cada año, es más costosa la vuelta al cole. Parece que, ante la falta de inversión, tienen que responder las familias económicamente cuando la escuela pública tiene que ser gratuita", señala Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).
Una opinión que comparte Andrea González Henry, presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), quien cree que la falta de inversión pública está empujando a las familias a tener que acometer un mayor gasto: "donde no son las administraciones las que facilitan los materiales o los servicios, son las familias las que tienen que suplir estos gastos. Y no son precisamente pocos: material escolar, fotocopias, libros, transporte en algunos casos, aparatos electrónicos o el comedor, entre otros. Si además estas familias no reciben becas, es mucho más el gasto que tienen que asumir".
A este respecto, en el curso 2019/2020 cada estudiante necesitó, de media, 1.649 euros, según los datos del INE. De ellos, casi un 80% para servicios educativos (matrícula y clases lectivas, comedor, actividades extraescolares...) y el otro 20% en bienes con fines educativos (libros de texto, uniformes, papelería...).
¿Educación gratuita?
Dentro de los gastos en servicios educativos reglados, la matrícula y las clases lectivas son la partida que suponen un mayor desembolso, 765 euros de media por estudiante. Por su parte, el servicio de comedor, cuyo montante total supera los 1.240 millones de euros, representa el 10,4% del gasto total de las familias (439 euros por estudiante). Las actividades extraescolares y las clases de apoyo y refuerzo de la enseñanza son las otras dos partidas que más pesan en la cartera: 174 y 453 euros, de media, en cada caso.
En el lado de los bienes adquiridos con finalidad educativa, los libros de texto y de ayuda al estudio superan en total los 1.170 millones de euros, siendo el gasto medio de los hogares de 167 euros. Los productos informáticos representan la otra gran factura en este ámbito, con un desembolso total de 1.158 millones de euros, 165 euros de media en cada hogar.
En este contexto, en la educación pública cada estudiante genera unos gastos medios de 458 euros en Educación Infantil; de 435 euros en Educación Primaria; de 336 euros en Educación Secundaria; y de 1.344 euros en Educación Superior. "Para conseguir la gratuidad real en la escuela pública hace falta más inversión. Necesitamos proyectos educativos con su memoria económica, es decir, no podemos aumentar el presupuesto para seguir haciendo lo mismo que hasta ahora", recalca Leticia Cardenal.
España tiene un modelo descentralizado de gestión y administración del sistema educativo, por lo que las competencias educativas se dividen entre la Administración General del Estado (Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Universidades y Ministerio de Trabajo y Economía Social) y las comunidades autónomas (Consejerías o Departamentos de Educación). De los 50.807 millones de euros destinados en 2018, el 83,8% fue aportado por las comunidades autónomas. Del montante total, las becas y ayudas suponen un 4,4%.
Ampliando la fotografía a las comunidades autónomas las diferencias son notables. Así, País Vasco es el territorio que más gasto público por alumno aporta, 9.298 euros sin tener en cuenta la enseñanza universitaria. Navarra (7.456 euros), Galicia (6.932 euros), Asturias (6.927 euros) y Cantabria (6.864 euros) completan las primeras posiciones. En la cola se sitúa la Comunidad de Madrid, con un gasto público por alumno de 4.727 euros, Andalucía, con 5.077 euros, y Castilla-La Mancha, con 5.255 euros.
Por tanto, dependiendo de la comunidad autónoma es más fácil o no para las familias poder hacer frente a los gastos acarreados por los estudios. "Algunas tienen becas de material escolar, comedor, educación infantil... mientras que otras no. Incluso, entre las que tienen becas, los requisitos varían de unas a otras, por lo que una misma familia en una comunidad podría ser becaria y en otra no. Los criterios varían muchos en algunos aspectos. Mientras que hay comunidades autónomas que destinan muchas de sus becas a centros privados, hay otras que se centran más en la educación pública, por ejemplo", apunta Andrea González Henry.
Madrid es la comunidad autónoma que registra menos gasto público por estudiante
Según el Sistema estatal de indicadores de la educación 2020, en el año 2017 el 12,5% del gasto público en educación y un 14,3% del gasto de las administraciones educativas se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada. En esta línea, el gasto de las administraciones educativas dedicado a la enseñanza concertada ha pasado de 4.968 millones de euros en 2007 a 6.179,4 millones de euros en 2017, es decir, un 24,4% más. Las comunidades autónomas que destinaron un mayor porcentaje de gasto público a financiar centros privados en el año 2017 fueron: País Vasco, la Comunidad de Madrid y Navarra con un 23,9%, un 19,7% y un 19,5% respectivamente.
Según un informe de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) y de CEAPA, el 90% de los centros educativos concertados (se han analizado 336) cobran cuotas mensuales y en un 89% de los casos son, además, obligatorias, en contra de lo establecido en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación que decreta que ha de garantizarse la gratuidad de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos.
La investigación concluye que Cataluña y la Comunidad de Madrid son las comunidades con las cuotas base más elevadas, con una media de 255 euros y 110,81 euros, respectivamente. Elena Cid, directora general de CICAE, indica que "existen centros que no cobran cuota alguna, o que son muy reducidas, y realmente no ponen ningún obstáculo a las familias, y centros que, recibiendo la misma financiación, exigen a las familias cuotas que pueden llegar a los 950 euros; al final la libertad de elección de centro en estos casos es únicamente para aquellas familias que puedan costear un copago elevado e irregular".
El estudio ha detectado también casos claros de discriminación de los alumnos debido a que, en ocasiones, el impago de la cuota implica la exclusión del estudiante, ya que si no se paga la cuota, no podría asistir a las actividades. La solución que ofrecen algunos de estos centros, si la familia no quiere o no puede pagar la cuota, es que deben asumir el cuidado de los escolares en las horas en las que se organizan actividades a las que se les prohíbe acceder o "abandonarlos" en otras salas con o sin atención del profesorado.
Cabe destacar que el análisis concluye que el 100% de estos colegios oferta actividades complementarias estables dentro de la jornada escolar (entre las 9:00 y las 17:00 horas), lo que consecuentemente dificulta que una familia pueda elegir que su hijo no acceda a estas actividades complementarias. Estos colegios cobran cuota por actividades con contenido curricular básico, como pueda ser comprensión lectora o cálculo matemático.
A la cola de la UE
España es el quinto país de la Unión Europea (UE) que menos inversión dedica a la educación en relación a su producto interior bruto (PIB), según los datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) analizados por Servimedia. En este sentido, con un 4,0% del PIB en 2019, la cifra de España solo supera a la de Bulgaria (3,9%), Eslovaquia (4,2%), Italia (3,9%) y Rumanía (3,6%). De este modo, España ocupa el puesto 22 de la clasificación entre los 27 países de la Unión Europea. Es más, en esta serie, que comienza en 1995, el país siempre ha ocupado alguno de los últimos puestos. Así, España ha invertido entre un 4,0% y un 4,6% de su PIB en gasto público en educación en las últimas dos décadas.
Las tres primeras posiciones desde 2014 corresponden a Suecia, Dinamarca y Bélgica, por este orden, mientras que Rumanía no se ha movido de la última plaza. A este respecto, en 2019, Suecia destinó a educación un 6,9% del PIB, por delante de Dinamarca (6,3%), Bélgica (6,2%) y Estonia (6,0%). La media de la UE fue de un 4,7%.
"El principal problema es que como la educación obligatoria se supone que es gratuita las becas en estas etapas son escasas. La educación es gratuita, pero eso no quiere decir que no cueste dinero a las familias. Todos los gastos ocultos hacen necesario que las administraciones creen becas o ayudas al estudio para suplir estas necesidades de los estudiantes de etapas más primarias, además de que se potencien los bancos de libros u otros sistemas similares", destaca la presidenta de CANAE.
El gasto en alumnos becados es de 923 euros
De los 10,2 millones de estudiantes que hubo en total en el curso 2019/2020, el 29,7% recibieron algún tipo de beca o ayuda para la realización de sus estudios, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En este sentido, de media, el gasto por estudiante con beca fue de 923 euros, mientras que en aquellos que no recibieron ninguna ayuda fue de 1.285 euros. Esta diferencia es particularmente significativa es Educación Primaria, ya que el gasto en los estudiantes con beca ascendió a 492 euros, un 47% menos que los que no la recibieron. En el caso de la Educación Superior, el gasto medio en alumnos becados fue de 1.536 euros, mientras que en los no becados fue de 2.552 euros, un 40% menos.
