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Andalucía asegura que no será "insumisa" ante la Ley Celaá, pero "volcará todos sus esfuerzos en minimizar su impacto"

Isabel Celaá, ministra de Educación

El Gobierno andaluz ha asegurado este martes que no será "insumiso" ante la nueva Ley de Educación de España, La Lomloe, también conocida como Ley Celaá, pero "volcará todos sus esfuerzos en minimizar su impacto" en el sistema educativo andaluz, donde los principios son "libertad, esfuerzo e inversión económica".

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, que ha dado cuenta de la aprobación por decreto ley de una modificación, con carácter urgente, de la normativa que regula los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato para adaptarla a la Lomloe.

Ha explicado que hoy se aprueban esas modificaciones imprescindibles que vienen obligadas por la nueva Ley de Educación, pero que en "ningún caso modifican los principios fundamentales que sustentan la normativa andaluza en materia de escolarización y admisión del alumnado".

Bendodo ha querido dejar claro que en Andalucía, las familias van a poder seguir eligiendo con libertad el centro al que quieren llevar a sus hijos y también el modelo educativo, al tiempo que se va a seguir primando la doctrina del esfuerzo, rechazando que los alumnos pasen de curso con todas las asignaturas suspendidas.

Asimismo, ha garantizado que en Andalucía, la educación concertada va a seguir conviviendo con la educación pública sin ser "relegada a una posición marginal", como pretende el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos.

"No vamos a ser insumisos a la Ley Celaá, pero vamos a volcar todo nuestro esfuerzo en minimizar su impacto, tal y como estamos haciendo", según ha sentenciado Bendodo, apuntando que para el Gobierno andaluz los principios, "innegociables", en materia de educación son "libertad, esfuerzo e inversión económica".

Contenido de las modificaciones

La Consejería de Educación y Deporte ha realizado los cambios imprescindibles obligados por el cambio en la normativa estatal. Así, el nuevo decreto ley mantiene los principios fundamentales que sustentan la normativa andaluza en materia de admisión del alumnado, con la garantía de una oferta suficiente de plazas en el sistema educativo público andaluz en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía. Además, seguirá teniendo en cuenta la demanda social entendida como la prioridad de elección de centro educativo por parte de las familias.

Seguirá prestando especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, garantizando una escolarización equilibrada de estos alumnos mediante la reserva de hasta tres plazas por unidad escolar.

Asimismo, para la elaboración del nuevo decreto ley, la Consejería ha tenido en cuenta como ejes principales el reconocimiento del papel central y vertebrador de la enseñanza pública, así como la relevancia del papel de la enseñanza concertada en el sistema educativo andaluz.

Las principales modificaciones incluidas en el nuevo decreto ley afectan a la puntuación por la existencia de hermanos en el centro, reducida a 14 puntos totales, en vez de 20 por hermano como recogía el anterior decreto andaluz, que favorecía el agrupamiento de hermanos y hermanas en el mismo centro para facilitar la conciliación familiar. Ello permitió que en el procedimiento de escolarización del curso 2020/21 las familias lograran reagrupar un total de 785 hermanos. Dados los cambios obligados por la Lomloe, que limita este criterio al 30% de la puntuación total que pueda tener un alumno, Andalucía ha optado por otorgar la misma puntuación en este apartado que el de proximidad al domicilio familiar (14 puntos).

Otro de los cambios es que, dentro de los criterios de prioridad, figura la discapacidad sobrevenida durante el curso escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar e incluye como nuevo criterio de admisión que el alumno a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto. Por último, el Consejo Escolar de los centros públicos tendrá con la nueva normativa la competencia para decidir en el procedimiento de admisión del alumnado, que antes correspondía al director del centro.

Para poder realizar estas modificaciones, la Consejería ha optado por la fórmula de decreto ley por razones de urgente necesidad para que la escolarización del próximo curso no se retrase y pueda comenzar el 1 de marzo de 2021 como en años anteriores.

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