Madrid
La crisis sin precedentes que estamos viviendo ha obligado a muchos sectores a adaptarse a las nuevas circunstancias. Sin embargo, a falta de una estrategia coordinada y ordenada, se ha observado un gran desequilibrio a la hora de tomar decisiones, sobre todo en las que hacen alusión al ámbito educativo y sanitario, dos de los más importantes y cuya comunicación debería ser constante.
78 son los documentos que han ofrecido en los últimos meses las administraciones educativas en el ámbito nacional y autonómico en relación con la llegada de la pandemia. La Fundación Cotec para la innovación ha publicado un documento en el que recopila y analiza las normativas del curso escolar 2020-2021, marcado por el impacto de la Covid-19 en el sistema escolar y en la actividad de los centros. El estudio "Covid-19 y Educación III: la respuesta de las Administraciones" incluye enlaces a órdenes, acuerdos guías, instrucciones, medidas, publicados hasta el 15 de octubre por las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla.
Cotec establece en el documento hasta 18 tipos de medidas y las agrupa en cuatro bloques: medidas curriculares, programas, medidas sanitarias y medidas organizativas. El documento refleja que las políticas estrictamente educativas han quedado relegadas a un segundo plano respecto a las medidas sanitarias, además de presentar mucha más disparidad, lo que puede generar diversidad entre los territorios.
En todos los documentos hay falta de uniformidad entre las dos administraciones
En todos los documentos consultados se evidencia una falta de uniformidad, desde el formato y la tipología del texto hasta el nivel de sistematización de las medidas o cómo se catalogan y organizan. Además, también es necesario un sistema de información más accesible, transparente, directo y coordinado que facilite a los centros el conocimiento de los marcos legales a los que deben acogerse, y que posibilite compartir, replicar y transmitir buenas prácticas dentro de la Administración educativa. Se observa que, tal y como se aprecia en el gráfico, hay una propuesta bastante homogénea de medidas sanitarias y organizativas, pero la diferencia está en el ámbito educativo, en el que se observa un fuerte desequilibrio.
Entre el 11 y el 13 de marzo del pasado año ocurrió lo que nunca parecía que iba a suceder: se cerraron todos los centros educativos del país con el objetivo de frenar la rápida propagación del virus SARS-CoV-2. La transición de la educación presencial a la online fue el primero de los grandes retos y dio paso a un debate sobre el cierre del curso, que se centró en las medidas sobre la evaluación y promoción del alumnado. Se llevaron a cabo varios acuerdos y a partir del verano todas las comunidades autónomas publicaron normativas para regular el inicio del curso 2020-2021. Entre las medidas se encontraba el mantenimiento de la distancia interpersonal, el uso estricto de la mascarilla, la priorización de la presencialidad hasta el segundo curso de la ESO, la unificación del protocolo de actuación en caso de brotes y la llamada a las familias a comprometerse con el control del estado de salud de sus hijos.
La transición a la educación online fue el primero de los grandes retos
No obstante, los cambios en la evolución de la pandemia supusieron la modificación y el retraso del comienzo del curso en algunos territorios, bien para permitir la reorganización del centro o para realizar pruebas diagnósticas al personal docente.
El análisis de este estudio se centra en el bloque de las medidas educativas y programas, entre las que se encuentran las medidas curriculares y los programas y, por otro lado, las medidas sanitarias y organizativas entre las que se encuentran las medidas sanitarias y las medidas organizativas.
Las medidas curriculares concretas que se han identificado en los diferentes documentos analizados se agrupan según la revisión y priorización del currículo, es decir, todo lo referido a orientaciones a la revisión y priorización de contenidos vinculados con las competencias esenciales o introducción de contenidos específicos; la organización curricular por ámbitos de conocimiento; la planificación docente, referida a todas las recomendaciones, propuestas y orientaciones vinculadas con las programaciones didácticas; y la evaluación.
Uno de los aspectos más polémicos en el último trimestre del pasado curso fue la evaluación. Según el informe, hasta catorce comunidades mencionaron la necesidad de adaptar el proceso a la modalidad de educación a distancia, es decir, modificar las actividades a un formato telemático y no presencial. El grado de especificidad sobre las medidas de evaluación es muy bajo, excepto en los casos de Castilla-La Mancha y Extremadura, que apuestan por promover procesos de autoevaluación y coevaluación. La propuesta de elaborar una evaluación inicial está presente en once territorios y tres de ellos también integran la evaluación de aspectos socioemocionales como parte de esta, como es el caso de Asturias, Extremadura y La Rioja.
Cataluña fue la única región que planteó un plan de digitalización a medio plazo
Es evidente que por culpa de esta situación tan excepcional la programación no pudo cumplirse al detalle. Para poner una solución, dieciséis territorios mencionaron en sus normativas para este curso la priorización del desarrollo de competencias esenciales. Nueve de ellos indicaron expresamente la necesidad de unificar los contenidos del pasado curso y del actual, diseñando programaciones didácticas que permitan recuperar el aprendizaje perdido en los meses de cierre de las escuelas, dando preferencia al refuerzo y evitando que no se desarrollen contenidos básicos. Algunas de las comunidades han propuesto diseñar dichas programaciones y planes de refuerzo a partir de las evaluaciones iniciales y los informes finales del pasado curso, para poder ajustar e individualizar la selección de contenidos.
Planes de refuerzo
Con el objetivo de reducir los efectos negativos sobre el aprendizaje derivados del cierre de los centros, trece territorios presentaron planes de refuerzo educativo diseñados para atender las necesidades de apoyo relacionadas con esta situación. No obstante, de nuevo, el formato, la naturaleza y el grado de desarrollo de estos programas es variado: desarrollo de normativa y planes específicos (Aragón); menciones a la reformulación del Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Asturias, Aragón, Cataluña y Extremadura) o modificaciones horarias para realizar apoyos personalizados (Cantabria, Ceuta o La Rioja).
Sin duda la verdadera protagonista ha sido la digitalización. En este sentido, todas las regiones españolas plantearon medidas de impulso y refuerzo en este campo. Prácticamente todos los territorios priorizaron el uso de recursos y plataformas digitales propias, así como la necesidad de formación o asesoramiento digital para alumnos, profesores o familias. Al menos doce territorios plantean el préstamo de dispositivos y diez indicaron expresamente el requerimiento de realizar un análisis de necesidades tecnológicas del centro y de la comunidad educativa. Cataluña fue la única comunidad autónoma que planteó un plan de digitalización a medio plazo, para 2023.
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, reforzó su Plan MULAN, incorporó nuevos formatos a la Web Familia, se desarrolló una aplicación para facilitar la comunicación con las familias a través del móvil e incorporó además nuevos servicios telemáticos, como el proceso de matriculación en los centros.
Grupos de estudiantes
La organización básica de los estudiantes este curso está estructurada en grupos de convivencia estable (GCE). Los GCE son el eje organizativo en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. Son grupos que deben mantenerse en las aulas, el patio, el comedor, el transporte y las actividades complementarias o extraescolares si las hubiese, y no necesitan mantener la distancia de 1,5 metros de manera general. En Galicia, por ejemplo, se recomienda que de los GCE el alumnado trabaje en pequeños subgrupos que permanezcan a lo largo del curso.
En Educación Secundaria se debe mantener la distancia y el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. Los agrupamientos se organizan de manera que se garantice un aforo en el aula correspondiente a su superficie en metros cuadrados. En cuanto a los escenarios, diez territorios plantean tres: enseñanza presencial con medidas de higiene y distanciamiento; enseñanza semipresencial; un nuevo cierre de los centros que implicaría la vuelta a la enseñanza a distancia en su totalidad. Estas situaciones son utilizadas como estructura organizativa en caso de brotes en los centros.
Desequilibrio educativo
Del análisis de todos los documentos pueden deducirse algunas conclusiones que permiten trazar tendencias o líneas generales que describen la respuesta que las Administraciones educativas han dado a la situación de pandemia en el sistema educativo y los centros escolares. Lo que ha dejado claro esta situación es que existe un gran desequilibrio entre las medidas sanitarias y las educativas. Mientras que la uniformidad caracteriza a las medidas sanitarias y organizativas, se encuentran propuestas educativas que no responden a criterios comunes y que pueden generar desigualdad entre los diferentes territorios.
Los expertos de este estudio insisten en la falta de uniformidad de todos los documentos consultados. Esta diversidad y disparidad en las normativas complica enormemente la identificación de medidas y, por tanto, el trabajo de análisis e impacta directamente con la tercera y última de las conclusiones, la necesidad de una mayor transparencia.
Protocolo Covid
Se trata de una medida común recogida por todas las Administraciones, cuyo principal objetivo es vigilar la aparición de casos en los centros educativos. El protocolo Covid marca cuáles son los pasos a seguir si se da algún positivo o brote, momento en el que se debe informar de los contactos estrechos a las autoridades sanitarias y actuar según ellas indiquen.
Todos los centros educativos deben contar con un responsable Covid que es el encargado de coordinar la comunicación con las autoridades sanitarias, los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública, la dirección del centro y las familias.
Mientras que en el área educativa se observa una gran disparidad en las medidas, la uniformidad es la característica que define las normas higiénico-sanitarias en todos los territorios. Claras e iguales en todo el país destaca el distanciamiento interpersonal de 1,5 metros, higiene de manos, etiqueta respiratoria y mascarilla de uso obligatorio a partir de los seis años de edad, uso individual del material escolar y limpieza y ventilación, con una recomendación general de mantener ventanas y puertas abiertas el máximo tiempo posible y la realización de actividades en el exterior siempre que sea viable.
En cuanto a los recursos específicos diseñados para gestionar esta situación en particular destacan algunos como el de La Rioja, que desarrolló una nueva estructura administrativa, denominada Unidad Básica de Salud. Las funciones asignadas son la intervención directa en cualquier incidencia médica, la elaboración y validación de protocolos, guías y documentos, la información, formación y asesoramiento permanente a los centros y la prevención y gestión coordinada de conflictos y riesgos psicosociales que puedan afectar a la comunidad educativa.