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El Consejo de Gobierno da luz verde a la nueva ley educativa madrileña, "más Constitucional que la ley Celaá"

  • El 75% versa sobre la educación especial y mantiene el concepto de demanda para la pública y la concertada
Isabel Celaá, ministra de Educación y FP

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la 'Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, impulsada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha asegurado que es "más constitucional que la ley Celaá", en alusión a la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE).

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "Madrid siempre es sinónimo de libertad, también en materia educativa", y ha destacado que "el 94 por ciento de las familias en la Comunidad de Madrid eligen la modalidad educativa y el centro que quieren para sus hijos", para agregar que lo que quieren es que siga siendo así.

Según el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, para el Gobierno regional la educación se basa en "tres pilares básicos: la libertad de elección, la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades".

Ossorio ha explicado que la ley educativa madrileña pretende "mejorar" determinados aspectos conforme a esos principios, "siendo conscientes de que hay una nueva ley orgánica a nivel nacional que prevalece sobre las leyes autonómicas", es decir, "dentro del margen" que les otorga la LOMLOE.

"Es más constitucional que la ley Celaá", ha aseverado Ossorio, quien ha desgranado el contenido de la ley, del cual la mayor parte, el 75 por ciento, versa sobre la educación especial, ha indicado el consejero, quien ha precisado que en esta materia lo que se hace es desarrollar la ley orgánica.

A este respecto, ha asegurado que el Gobierno regional quiere que sea en la educación ordinaria donde haya el mayor número de alumnos con necesidades específicas, "y por eso la ley lo predica".

Uno de los aspectos que regula es el concepto del "régimen más inclusivo", que no define la 'ley Celaá', y que la la ley madrileña establece que es "el régimen en el que ese alumno va a desarrollar mejor sus capacidades y se va a integrar mejor en la sociedad", ha señalado Ossorio.

Ese régimen puede ser un centro ordinario, una clase de educación especial dentro de un centro ordinario, un centro de educación especial, o combinado entre un centro ordinario y un centro de educación especial, según ha precisado el consejero.

Para ello, "se asegurará la existencia de centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos, y se asegurará la escolarización en centros de educación especial a los estudiantes que manifiesten necesidades que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios".

Asimismo, la normativa establece que se tendrá en cuenta "la opinión de las familias a hora de llevar a sus hijos a un centro de educación especial, con el fin de que sea la decisión que mejor se adapte a las necesidades de cada alumno". En la actualidad, según han indicado desde el Gobierno regional, este tipo de centros acoge al 8,3 por ciento del alumnado con necesidades de apoyo educativo.

Demanda social

Por otro lado, Ossorio ha apuntado que se primará "lo más parecido a un distrito único", dentro del marco de la ley estatal, que ha criticado porque "de una forma inaudita elimina la demanda social en la concertada".

"Nosotros retomamos el concepto en la pública y en la concertada, porque cuando nosotros construimos un instituto en un barrio, lo construimos porque hay demanda social. ¿Pero quién se puede creer que se pueden ofertar plazas y centros educativos si no atendemos a la demanda social?", ha planteado.

En ese sentido, ha afirmado que el Gobierno central se ha "olvidado" de la demanda social para "perjudicar a la concertada", mientras que el Ejecutivo autonómico la recupera porque "es el sentido común y es lo que se tiene que hacer para ofertar plazas".

Asimismo, la ley recoge los concursos públicos para centros concertados en suelos dotacionales, porque "tanto la normativa urbanística como la normativa de Patrimonio", según Ossorio, permite cesiones de terrenos y concursos públicos para centros concertados.

En cuanto a la educación diferenciada por sexos, el consejero ha reconocido que "la ley Celaá la prohíbe taxativamente", por lo que la Comunidad de Madrid no puede ir contra esa disposición de una ley orgánica.

"Pero sí recogemos en la ley que el Tribunal Constitucional ha declarado que la educación diferenciada respeta el principio de igualdad de la Constitución, y recogemos que se atenderá en la medida de lo posible a esas familias y los derechos adquiridos por esos centros", ha explicado.

"Esfuerzo y excelencia"

Asimismo, ha declarado que si la Ley Celaá dice que se aprueba con tres suspensos no lo pueden evitar, pero en defensa de la excelencia y el esfuerzo se promueven evaluaciones externas, "porque esas evaluaciones hacen que los alumnos, que los docentes, que los centros se esfuercen". "Porque todos cuando somos evaluados intentamos aprendernos las cosas, intentamos hacer las cosas mejor", ha apostillado.

Por otro lado, la ley madrileña reafirma el "carácter oficial y vehícular del español", y "faculta al Gobierno para que haga convenios con otras comunidades autónomas, con instituciones públicas y privadas, para el fomento del español en cualquier lugar, en toda España".

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