Societat Civil Catalana (SCC) ha reclamado al Gobierno que no se elimine el castellano como lengua vehicular de la educación catalana después de que los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y ERC presentaran el pasado martes una enmienda conjunta a la reforma de la ley educativa (la denominada 'ley Celaá') que contempla dicha propuesta.
La entidad constitucionalista se ha mostrado consternada ante este principio de acuerdo, impulsado por ERC, que pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.
Así, han señalado en un comunicado que se "ponga fin" a una política lingüística en la escuela "injusta, discriminatoria y contraria a los principios pedagógicos de la UNESCO". Además, han argumentado que el español "es el iddioma materno de la mayoría de los catalanes" y que "no puede seguir siendo tratado como un idioma extranjero".
SCC ha asegurado que la inmersión lingüística "no es el camino para articular la convivencia lingüística" porque, según han explicado, no tiene base sociocultural ni pedagógica y limita derechos civiles y fundamentales de la ciudadanía. En esta línea, han esgrimido que "es de sentido común" que la lengua oficial del Estado sea vehicular en todo su territorio, "como sucede en cualquier país europeo", al mismo tiempo que lo son otras lenguas cooficiales.
Eso sí, han advertido de que, en caso de consumarse esta medida, será contraria al "espíritu de la Constitución y a las decisiones de los tribunales, así como dañará derechos fundamentales y civiles básicos". Al contrario, han reprochado que "después de cuatro décadas es el momento de hacer efectivo el derecho a una educación bilingüe de calidad".
También han hecho hincapié en que de incluirse en la legislación estatal las tesis que defiende el nacionalismo catalán en materia lingüística, "significaría una humillación inaceptable para millones de catalanes que han sufrido una década de nacional-populismo independentista".
"El monolingüismo educativo es también perjudicial para los catalanohablantes, pues supone un claro empobrecimiento cultural y lastra sus oportunidades promoción profesional", han zanjado al tiempo que han recordado que como constitucionalistas "hay unas líneas rojas que no pueden traspasarse".
