Madrid
La reapertura de las escuelas plantea una tensión entre los riesgos sanitarios de volver a las aulas y el coste educativo, social y económico de mantenerlas cerradas. En este escenario, más de veinte países de la OCDE han vuelto ya a las aulas. "Para proteger el derecho a la educación, además de tratar de contener la extensión de las brechas educativas, se hace necesario la reapertura parcial de los centros educativos "ha afirmado Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), con motivo de la presentación del nuevo Policy Brief 'Reabrir escuelas: por qué, cómo y para quién', en el que propone un modelo de vuelta a las aulas minimizando los riesgos epidemiológicos y los costes sociales y educativos.
"Para la organización de la reapertura proponemos que todos los centros educativos presten unos servicios mínimos esenciales para todos los alumnos y que, a partir de ahí, se den respuestas individualizadas y flexibles de atención presencial" ha afirmado Lucas Gortázar, especialista en políticas educativas y sociales del Banco Mundial y co-autor del informe. En este sentido, con el objetivo de lograr la reapertura parcial de las escuelas, "será necesario un mayor compromiso de inversión que los 2.000 millones anunciados por el Gobierno", que priorice según criterios de vulnerabilidad económica; necesidad de conciliación por las características del trabajo de madres y padres; necesidades específicas de apoyo educativo; y grupos de edad más jóvenes (infantil y primaria).
Mínimo de presencialidad y priorización del alumnado
Entre las medidas que los autores plantean, destaca la definición de un mínimo universal de presencialidad, que podría oscilar entre 4 y 6 horas al día para todos los alumnos, y "para garantizar este mínimo, será necesario contratar más personal docente". También el establecimiento de criterios claros sobre priorización del alumnado para acceder a planes de refuerzo presencial extra, enfocados tanto al cuidado como a cubrir necesidades educativas y socioemocionales de los estudiantes.
Con la finalidad de hacer efectiva esta priorización y atención diversificada de las necesidades de cada alumno, la oferta educativa de la reapertura escolar requerirá modelos individualizados y flexibles para la realidad de cada centro educativo. Por ello, "nos parece conveniente proporcionar unas guías mínimas generales obligatorias, a nivel estatal o autonómico, dejando al mismo tiempo un margen suficiente al centro para que éste asegure la mejor manera de lograr el alcance de dichos mínimos según sus circunstancias" han asegurado los autores.
Vuelta a las aulas de forma segura
"La premisa epidemiológica para el retorno a la actividad educativa debe ser la de minimizar la probabilidad de eventos de contagio comunitario" ha asegurado Jorge Galindo, director de economía política en EsadeEcPol y co-autor del documento. Para ello, "se deben establecer contactos prioritarios e inevitables entre adultos, atendiendo a la lógica de que el contagio más probable es entre ellos, más que entre niños". Además, es fundamental "mantener condiciones que reduzcan 'las tres C': minimización de contactos cercanos en espacios cerrados y concurridos; definir grupos de contacto constante tanto dentro como fuera del aula, asociándolos con espacios igualmente estables; y escalonar horarios para reducir la densidad en el uso de espacios" ha destacado Galindo.
Además, con el objetivo de minimizar la probabilidad de que un contagio en la comunidad educativa ampliada se convierta en un brote, sería necesario que cada centro pusiera en marcha un sistema de alerta temprana con un protocolo sencillo para cualquier cuadro sintomatológico que pueda identificarse con COVID-19.
El confinamiento ha tenido un importante impacto en la igualdad de oportunidades, mermando asimismo las expectativas y percepción de las familias sobre cuáles son las 'reglas del juego' para el progreso educativo de los alumnos. En este sentido, los autores del documento han destacado que "la pérdida de aprendizaje que está suponiendo el cierre de escuelas tendrá consecuencias en la formación de la población joven y, por tanto, sobre la economía". "El acceso a la escuela es tanto un derecho social como una necesidad económica y, por tanto, debería garantizarse la universalidad en la medida de lo posible" ha concluido Toni Roldán, director de EsadeEcPol.