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El PP, dispuesto a negociar con el Gobierno una reforma educativa "alternativa" a la 'Ley Celaá"

  • La diputada popular Sandra Moneo lamenta que la ministra Celaá "ha perdido una gran oportunidad"
Madrid

El Partido Popular asegura que está dispuesto a negociar una reforma educativa con el Gobierno, pero exige que sea dejando a un lado la denominada 'Ley Celda', que va a comenzar su trámite parlamentario, para buscar una "alternativa que sea de todos".

Así lo ha asegurado este jueves la diputada del POP Sandra Moneo, que ha sido en los últimos años su portavoz de Educación en el Congreso, durante una mesa redonda organizada por la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (CHAPA) en la feria educativa AULA que se celebra en Madrid.

"Vamos a debatir con el Gobierno no poniendo encima de la mesa ni la LOE ni la LOMCE sino buscando alguna alternativa que sea de todos, bajo evidencias empíricas viendo lo que realmente está funcionando en sistemas educativos más avanzados adaptándolo a nuestra realidad", ha afirmado Moneo.

La diputada del PP aludía a la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el PP, y la precedente Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006 y elaborada por el PSOE. El texto que ahora pretende retocar la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), la 'Ley Celaá', derogando la LOMCE.

En la mesa redonda organizada por CEAPA han participado también las diputadas Inés Sabanés (Más País), Sofía Castañón (Unidas Podemos), y Maribel García (PSOE), que ha pedido diálogo a los populares para consensuar la reforma educativa que ahora entra en el Congreso. "Necesitamos el apoyo del PP", ha confesado.

La representante del PP ha respondido que "el Gobierno ha perdido una gran oportunidad" por haber emprendido una reforma sin el acuerdo previo con el resto de los partidos, que fue el propósito de la subcomisión parlamentaria que, desde 2016 hasta 2018, cuando la abandonó el PSOE, intentó aproximar posiciones para alcanzar un pacto educativo.

"Ojalá me equivoque, pero el pacto ahora mismo no va a ser posible", ha admitido después la diputada socialista Maribel García, aunque ha insistido en señalar la 'Ley Celaá' como una "oportunidad" para tener una reforma "ampliamente consensuada" y ha animado al resto de grupos políticos a presentar enmiendas durante su tramitación parlamentaria, como hizo ayer la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

Las familias quieren un acuerdo

Al final de la mesa redonda, Leticia Cardenal, presidenta de la anfitriona CEAPA, ha pedido ese acuerdo entre partidos para "adoptar medidas urgentes" que resuelvan "los importantes problemas que afectan al alumnado y al profesorado".

"Los partidos tienen una magnífica oportunidad para enriquecer con enmiendas un texto y alcanzar el primer pacto de Estado por la Educación, para que pueda aplicarse el próximo curso escolar en beneficio del alumnado", ha afirmado Cardenal.

Durante el debate, que se ha desarrollado con cordialidad, las representantes de los dos grandes partidos han manifestado coincidencias en el diagnóstico del sistema educativo español, como la necesidad de reducir el abandono educativo temprano y las repeticiones, o mejorar la formación inicial docente y diseñar una carrera profesional.

Castañón, de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, ha recordado que su grupo tiene la intención introducir en la 'Ley Celaá' la retirada de conciertos a los centros privados que separen al alumnado por sexo, y ha defendido que se priorice a la escuela pública frente a la concertada, que en su opinión debe ser "subsidiaria" a la red pública.

La diputada de Unidas Podemos también ha reclamado más financiación para el sistema educativo. "No podemos pedir milagros al profesorado", ha dicho reclamando recursos, en sintonía con lo expuesto por Inés Sabanés de Más País. "En España ha habido muy buenas leyes educativas que han fracasado por falta de medios", ha asegurado proponiendo "estabilizar" una inversión educativa que represente el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

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