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El Gobierno tiene lista la nueva ley educativa a la espera de que Sánchez decida las reformas prioritarias

  • El texto base en el que ha trabajado el equipo de Celaá se sustenta en cinco pilares
Madrid

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya tiene redactado y preparado para su aprobación en Consejo de Ministros el anteproyecto que derogará la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y que aprobará un nuevo sistema en España.

Según aseguraron fuentes gubernamentales a Servimedia, el texto será el proyecto estrella de Celaá en esta legislatura y sólo falta que Pedro Sánchez decida con Unidas Podemos, sus socios en el Gobierno de coalición, la agenda de prioridades legislativas para que inicie su tramitación.

El texto base en el que ha trabajado el equipo de Celaá se sustenta en cinco pilares: el enfoque de derechos de la infancia, la igualdad de género, elevar los resultados de todos los estudiantes, el desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030 y el cambio digital.

La reforma también supone una apuesta por la educación de 0 a 3 años y la eliminación de los itinerarios 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduzca al mismo título de graduado en ESO. También persigue una FP más flexible, dando la posibilidad a los alumnos de Grado Básico a recibir el título de graduado en ESO.

Asimismo, la reforma contempla la eliminación de las pruebas finales de etapa y que en las comunidades con lenguas cooficiales un 55% de los contenidos y materias sean competencia del Estado y que en las comunidades con una lengua, un 65% sean competencia del Estado. La futura ley también apuesta por una materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos en Primaria y ESO y que la Religión no sea computable ni tenga alternativa.

"En breve, para ver cambios"

Los socialistas se plantean impulsar la reforma "para que en el plazo más breve posible se aprecie el cambio en los centros educativos y se asienten las bases de la educación del futuro", según recogió el PSOE en las 370 medidas de su 'Propuesta abierta para un programa común progresista', en septiembre.

El pasado lunes, durante el acto de recepción de su cartera para seguir al frente de Educación, Celaá ya se refirió a la aprobación de la Lomloe como una de sus prioridades para acabar con ese "limbo" en el que algunos agentes educativos creen que se encuentra la reforma desde hace meses.

El anteproyecto para la nueva ley educativa ya fue aprobado en Consejo de Ministros en febrero de 2019 justo antes de que se disolvieran las Cortes Generales y se convocaran oficialmente las elecciones que Pedro Sánchez ya había anunciado para el 28-A.

El texto se envió incluso al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, pero no pudo iniciar el proceso por la cita con las urnas y, en consecuencia, decayó al iniciarse la nueva legislatura, lo que ahora obliga a Celaá a reiniciar el camino en el Consejo de Ministros.

En vista de la inviabilidad del trámite parlamentario, la ministra justificó entonces que había llevado el texto al Consejo de Ministros por "respeto" a quienes habían trabajado en la reforma y que no era necesario su paso por el Consejo de Estado "porque no es preceptivo".

Sus objetivos, recordó la ministra durante aquella presentación del proyecto de la Lomloe en febrero, pasarían por "modernizar el sistema educativo; recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema personalizando el tratamiento educativo; mejorar los resultados del sistema reduciendo el abandono y el fracaso escolar, además de estabilizar el sistema educativo e incorporarlo como pilar básico de las políticas de conocimiento". "Este proyecto -recalcó Celaá- no viene con el único objetivo de derogar la Lomce, que sí lo hace, cuando sea aprobada, ya que el objetivo es mejorar el sistema educativo español".

Inversión del 5% del PIB

Precisamente, la ministra hizo hincapié en el objetivo de dar una mayor estabilidad al sistema, por lo que propuso "un pacto para blindar su suelo de inversión educativa del 5% del PIB". Éste argumento fue el que esgrimió el Grupo Parlamentario Socialista para abandonar la subcomisión parlamentaria donde se buscaba un pacto educativo hace casi dos años y que impidió que se obtuvieran conclusiones del trabajo realizado en el Parlamento durante meses.

Según Celaá, la reforma también buscaría combatir la lacra del abandono escolar temprano y el fracaso escolar y fomentar la igualdad de oportunidades, con medidas concretas como la de conceder el título de Bachillerato a los alumnos que tengan una asignatura suspensa, que ha sido contestada desde algunos sectores.

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