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Una nueva ley de universidades, la demanda postergada que tendrá que afrontar el ministro Manuel Castells

  • PSOE y Unidas Podemos llevan en su acuerdo de gobierno alcanzar un pacto por la universidad con "el máximo consenso"
Madrid

El próximo ministro de Universidades, Manuel Castells, asumirá junto a la cartera una repetida y postergada demanda de toda la comunidad universitaria: una nueva ley que permita modernizar la educación superior española, más autonomía y mejor financiación. Un propósito del ministro en funciones, Pedro Duque, que truncó el bloqueo político de 2019.

Este jueves, Moncloa ha confirmado que Castells ocupará una de las cinco sillas reservadas a Unidas Podemos en el nuevo Consejo de Ministros. El reputado sociólogo, que cumplirá en febrero 78 años, ha pasado casi toda su vida en el ámbito universitario, donde la reforma de la educación superior es un viejo clamor.

Así se escenificó en septiembre de 2018 en el Congreso de los Diputados, sólo cuatro meses después de la moción de censura que convirtió en presidente a Pedro Sánchez, cuando rectores, estudiantes y agentes sociales pidieron a representantes de los principales grupos parlamentarios una ley con "amplio consenso" y "una adecuada financiación" que permitiera "una mayor flexibilidad de actuación a las universidades en sus modos de gobierno, su organización interna y sus políticas académicas y de personal".

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ya había anunciado que asumía el reto. En julio de 2018, en su primera comparecencia en el Congreso, anunció que propondría una nueva ley de universidades para su "modernización e internacionalización" que estuviera "comprometida con la educación pública" y que garantizase que "ningún talento se malogra por falta de recursos".

Desde entonces, el ministro reiteró su propósito invitando a los grupos parlamentarios, a las comunidades autónomas y a los diferentes agentes de la comunidad universitaria a participar en la elaboración de un nuevo texto legislativo.

Con ese propósito, el Ministerio constituyó en septiembre de aquel año tres mesas de trabajo dedicadas al Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y a la potenciación de la internacionalización de las universidades españolas y su participación en el proyecto de universidades europeas como paso previo a la redacción de un borrador de la ley.

El borrador nunca llegó

En diciembre de 2018, en una entrevista a Europa Press, Duque anunciaba que el Gobierno preparaba un "decálogo" de propuestas para reformar la ley de universidades que se presentaría a los diferentes grupos parlamentarios a principios de 2019. "En enero vamos a empezar a poner cosas negro sobre blanco y a hablar con los grupos políticos ya más en serio de cosas concretas", aseguraba el ministro, aunque ese decálogo nunca vería la luz.

El adelanto electoral que desembocó en el prolongado bloqueo político de 2019 frustró cualquier avance. Ahora, Castells heredará de Duque ese "pacto por la universidad" con "el máximo consenso de los agentes políticos y sociales" que PSOE y Unidas Podemos llevan en su acuerdo de gobierno.

El acuerdo establece el compromiso de dotar a la universidad de "una financiación adecuada y recursos suficientes, ampliar su capacidad de atraer y retener talento, garantizar su acceso en condiciones de igualdad en todos los niveles de formación y adaptarla a las nuevas realidades y necesidades", además de "garantizar la efectividad de los derechos del personal docente, fomentando su estabilización, investigador y de administración y servicios a través de una nueva Ley Orgánica de Universidades".

La selectividad, pendiente

Además, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a revisar el sistema de becas para aumentar su dotación y convertirlas en "un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares, simplificándolo y haciéndolo más ágil, asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso y se adelanten los ingresos". También, a promover "en el marco de la Conferencia Sectorial la reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis".

Para alcanzar estos objetivos, Castells deberá trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, administraciones que tienen pendiente revisar el actual modelo de la selectividad, el examen de acceso a la universidad, cuestionado año tras año por las supuestas diferencias de dificultad entre comunidades autónomas.

Tras varias fechas pospuestas, el Gobierno en funciones acordó con los rectores sentarse a trabajar en noviembre, con independencia de la convocatoria de elecciones generales ese mes, para avanzar en este tema y llegar así, en el caso de proponer cambios en el modelo de la selectividad, a la convocatoria del próximo mes de junio.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) eligió entonces a las personas que representarían a las universidades en el grupo de trabajo promovido por los ministerios de Educación y el de Ciencia, pero todavía siguen esperando que les convoque el Gobierno.

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