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España promete impulsar el reasentamiento de refugiados a través de vías complementarias, como becas para estudiantes

  • España pretende favorecer en los países de origen de condiciones que propicien un retorno seguro
Madrid

España promete impulsar el reasentamiento de refugiados a través de vías complementarias, como becas para estudiantes o la reunificación familiar, tal y como se refleja en el documento que ha elaborado para el I Foro Global sobre los Refugiados de la ONU que se celebra en Ginebra.

La delegación española que asiste al cónclave ha expuesto este martes el compromiso de España con el Pacto Mundial sobre Refugiados, al tiempo que ha presentado los cinco campos en los que el Gobierno "trabaja activamente" para mejorar el tratamiento a las personas desplazadas. Uno de ellos es el perfeccionamiento del sistema de reasentamiento y la búsqueda de vías complementarias, siguiendo las recomendaciones de la Estrategia Trienal de ACNUR 2019-2021.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones han explicado que el objetivo es diseñar planes plurianuales de reasentamiento, así como incrementar el número de personas reasentadas en los próximos dos años. También promete trabajar para mejorar la información previa que se proporciona a las personas reasentadas, así como fomentar que puedan beneficiarse de los programas de reagrupación familiar vigentes.

En el periodo 2019/2020, España promete trabajar con el objetivo de conceder 300 visados o becas para refugiados universitarios, conseguir la reagrupación familiar de un total de 300 refugiados y facilitar el acceso de las personas refugiadas al mercado de trabajo.

Asimismo, se marca el objetivo de recibir a través de programas de patrocinio comunitario un total de 500 refugiados en dos años. Para ello, se ampliará el número de plazas existentes en País Vasco y se abrirán nuevos programas en las comunidades autónomas de Valencia, Madrid y Cataluña.

Además España pretende reforzar e impulsar el sistema de protección internacional. Entre sus compromisos, se recogen medidas para fortalecer el sistema de asilo y acogida con el objetivo "de que se coloque a España en una posición de socio estratégico en materia de protección internacional en Europa".

Por su parte, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha destacado que las solicitudes presentadas en España se han multiplicado por más de 20 en el periodo 2012-2018, y desde 2015 se mantiene una tendencia alcista. Este año 2019, a fecha 30 de noviembre, se ha incrementado en un 92,8% el número de solicitudes registradas en nuestro país respecto a todo el año pasado, al registrarse 107.492 peticiones.

Aumento de la tasa de protección en 45 puntos

En cualquier caso, España ha resaltado el "refuerzo" de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), lo que ha potenciado "la calidad y eficacia del sistema de asilo" y "ha permitido que a lo largo de 2019 se incremente la tasa de protección en 45 puntos, elevándola del 25,04% al 70,82%". En esta tasa se incluyen los expedientes de concesión de razones humanitarias, la vía habilitada para otorgar estancia legal a los ciudadanos venezolanos este año (nacionalidad que lidera el ranking de las solicitudes presentadas).

En el documento presentado por España en este encuentro, España ha hecho hincapié en el Sistema de Acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional: en la primera fase de acogida de emergencia se estima que a finales del 2019 se haya atendido a más de 15.000 personas; en la segunda fase de acogida se estima la atención a más de 36.000 personas; y en la tercera fase de preparación para la autonomía de prevé que se haya atendido a más de 34.000 personas.

De igual modo, se compromete a "trabajar en adaptar el sistema de acogida" para que las personas que lleguen a la tercera fase sean "aquellas que ya tienen el estatuto de refugiado o de protección internacional reconocido", es decir, cuyo expediente esté resuelto.

Para reforzar el sistema de protección internacional, España ha incluido entre sus compromisos la elaboración de una propuesta de Ley reguladora de protección internacional "ajustada a las necesidades reales". Asimismo, "tan pronto sea aprobada la Ley", quiere realizar un "reglamento de desarrollo y aquellas instrucciones y protocolos de actuación que faciliten su implementación".

Otro de los compromisos se refiere a la acción humanitaria exterior, ya que el Gobierno de España aportará 50 millones de euros entre 2020 y 2022 como contribución a la respuesta a la crisis venezolana, alineándose con los planes definidos en el marco de Naciones Unidas.

Asimismo, España pretende favorecer en los países de origen de condiciones que propicien un retorno seguro y digno y promover un Plan de Acción nacional para la aplicación del Pacto Global sobre los Refugiados en España, con la participación de los actores relevantes en materia de refugiados, especialmente, la sociedad civil, el sector privado y organismos internacionales como ACNUR, además de las autoridades regionales y locales.

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