Deporte y Negocio

El juez deja a Raúl Bravo y Carlos Aranda en prisión preventiva como presuntos cabecillas de la trama de amaños

  • Ambos tienen una fianza de 100.000 euros tras negarse a declarar
  • Lasaosa, Borja e Iñigo López, en libertad con fianza y sin pasaporte
  • El jefe de los médicos del Huesca ha quedado en libertad sin fianza

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, Ángel de Pedro, ha decretado prisión condicional para los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda. Sin embargo, esta es eludible con una fianza de 100.000 euros tras imputárseles cargos de organización criminal, blanqueo de capitales, estafa y corrupción deportiva. Además, el juez ha dejado en libertad con cargos al presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, así como al exjugador del Valladolid Borja Fernández, al jugador del Deportivo de La Coruña Íñigo López y al jefe de los servicios médicos del club oscense, Juan Carlos Galindo, por la supuesta relación con una organización criminal dedicada a los amaños de partidos, en el marco de la 'Operación Oikos'.

Las comparecencias de los seis detenidos por presuntos amaños en partidos del fútbol español se han saldado con la puesta en libertad, con distintos cargos por diversos delitos de corrupción, blanqueo, estafa y organización criminal y el pago de fianzas que van de los 50.000 a 100.000 euros.

El fiscal sólo ha pedido prisión provisional eludible con fianza de 100.000 euros para los dos últimos comparecientes, Raúl Bravo y Carlos Aranda, a quienes los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) considera los cabecillas de la supuesta organización criminal.

Ambos investigados se han negado a declarar ante el titular del Juzgado de Huesca, que investiga los hechos, al considerar que la situación de secreto de sumario que pesa sobre la causa perjudicaba su derecho a una defensa efectiva.

Lasaosa, Fernández y López, con fianzas desde 50.000 a 75.000 euros

A lo largo de la tarde del jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha emitido un comunicado oficial en el que remarca que Lasaosa y Borja Fernández han sido puestos en "libertad provisional con una fianza de 50.000 euros, cada uno, cantidad que deberán abonar en el plazo de 10 días. Además de la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, prohibición de salir del territorio nacional, retirada de los pasaportes y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio". Además, "ambos están siendo investigados judicialmente como posibles autores de un delito de corrupción en el deporte y como presuntos cooperadores necesarios en un delito de estafa".

Posteriormente, ha sido Íñigo López el que ha quedado en libertad provisional, esta vez bajo fianza de 75.000 euros. El abogado del futbolista, Juan Pablo Lerena, ha señalado que los delitos por los que se le investigan son los de corrupción entre particulares en su modalidad de competiciones deportivas, predeterminación del resultado de competiciones deportivas y cooperación necesaria en un posible delito de estafa por las apuestas.

Lerena ha hecho un llamamiento a la presunción de inocencia tras el "revuelo" organizado, así como a "la mesura, prudencia y paciencia" para apuntar que cuando sepa qué han declarado otros investigados y pueda leer las transcripciones de las conversaciones telefónicas podrá decirle a su cliente que declare voluntariamente y exponga "lo que haya que explicar".

El cuarto de los detenidos, el primero en salir, fue Juan Carlos Galindo, jefe de los equipos médicos del club. El Juzgado cree que puso ser un "posible autor de un delito de corrupción en el deporte" y el juez ha dictado libertad provisional con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado".

Aunque en un primer momento José María Fuster Fabra, abogado de Lasaosa, no había precisado las condiciones y cargos con las que el presidente había quedado en libertad, este comunicado deja claro que tanto a él como al primero de los jugadores que ha declarado se le imputan los mismos factores.

Durante su declaración, Lasaosa, según ha comentado su letrado, ha defendido su inocencia ante el juez y la Fiscalía.

De la misma forma, el abogado de Fernández, Joan Castelón, informó a los medios de comunicación, ante las puertas del Palacio de Justicia, que "ha acordado su señoría dejarle en libertad. Seguirá el proceso de investigación y hasta que no esté del todo determinado los indicios, habrá que esperar".

El exjugador del Valladolid tendrá que presentarse en el Juzgado cada quince días. "Tendrá Las presentaciones que marca la ley cuando uno está en libertad provisional. Los cargos son "los de todos, evidentemente, hasta que no está determinado qué participación hay, si hay indicios o no, siempre está la misma imputación". El letrado ha subrayado que "en lo que hace referencia a blanqueo de capitales y estafa, puedo garantizar que esto no va a salir nunca".

Galindo, sin imputación en delito de blanqueo de capitales

En cuanto a la declaración de Galindo, no se le ha imputado delito de blanqueo de capitales ni organización criminal, tampoco se ha impuesto fianza, pero deberá presentarse en los juzgados oscenses cada quince días, todos los días 1 y 15 de cada mes. Así, lo ha confirmado su abogado Bernardo del Rosal.

Del Rosal ha indicado a los medios de comunicación que Galindo "ha declarado ante el juez, ha contestado a las preguntas que le ha formulado su señoría y el fiscal" y "ha reivindicado su inocencia, desvinculándose de cualquier trama de amaño de partidos". En este sentido, según el letrado, "jamás ha recibido ningún tipo de dinero vinculado a actividades ilegales o ilícitas".

Juan Carlos Galindo ha quedado "en libertad con la única obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, con cargo de corrupción en el deporte, pero su señoría ha suprimido la organización criminal y el blanqueo de capitales", ha incidido el abogado.

Bernardo del Rosal ha apuntado que la medida cautelar impuesta es la "más liviana" de todas. "Quien solicita la medida cautelar ha sido el fiscal y el juez la ha acordado en función del fiscal". Ha incidido en que "ha sido el fiscal el que ha pedido la más liviana de las medidas cautelares y el juez la ha acordado".

El delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabiltación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa proporciona en cuanto a los beneficios obtenidos.

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