Deporte y Negocio

La RFEF confirma el veto a Mediapro en la compra de los derechos de TV de la final de Copa del Rey

  • Rubiales lo había anticipado en plena guerra en los despachos del fútbol
  • La federación aduce que las solicitantes no pueden tener delitos reconocidos
Luis Rubiales, presidente de la RFEF. Foto: EFE.

La RFEF (Federación Española de Fútbol) ha confirmado la exclusión de Mediapro entre las aspirantes a retransmitir la final de la Copa del Rey de fútbol que enfrentará a Barcelona y Valencia, al dejarla fuera del proceso de compra de los derechos del evento, al contrario que Atresmedia, Mediaset y RTVE, que siguen en la carrera por hacerse con el paquete.

La federación informa de que excluye "la candidatura presentada por un Grupo de empresas agrupadas en un mismo sobre presentado por Mediapro por no cumplir una de las condiciones de participación previstas en el apartado 10.3.1 del documento de licitación" (que puede ver aquí). En concreto, el punto que hace referencia a que las candidatas han de ser "empresa, grupo de empresas o formar parte de un grupo de empresas donde ninguna de ellas (matriz o filiales) haya sido sancionada penalmente o haya reconocido su responsabilidad penal o la de sus Directivos, en cualquier país del mundo".

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ya había advertido de que la organización no permitiría a Mediapro participar en la subasta de derechos de sus competiciones: "Tenemos un reconocimiento de soborno por parte de Mediapro de 2018 y desde la RFEF se nos ha indicado que no debemos trabajar con gente que soborna, que ha reconocido que ha sobornado".

En medio de una verdadera guerra en los despachos del fútbol, Rubiales ha aprovechado una supuesta afinidad de Jaume Roures, dueño de Mediapro, con Javier Tebas, presidente de LaLiga, para excluir al operador de televisión. Rubiales se refiere a una investigación dentro del 'FIFAgate' de las autoridades de EEUU que dictaminaron que una filial de la compañía había sobornado a dirigentes de federaciones para la adjudicación de partidos oficiales de selecciones. Unas pesquisas que acabaron sin denuncia porque un pacto, por valor de unos 20 millones de euros, saldó el caso.

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