
La estampa comienza a ser habitual en cada vez más estadios de la Premier League u otras ligas inglesas de fútbol. Voluntarios que, en las inmediaciones de los recintos, piden donaciones económicas o de comida destinadas a bancos de alimentos. Una necesidad creciente en Reino Unido, reconocida por estamentos nacionales y frente a la cual una parte de la masa social responde con una organización espontánea y mucho compromiso.
Tal y como informa The New York Times, el Comité de Auditoría Ambiental de Reino Unido advirtió a comienzos de año al Gobierno de Theresa May que ya son dos millones de personas las que están en riesgo de "inseguridad alimentaria". La ONU, a través de su enviado para la pobreza extrema, se refirió a la situación como una "calamidad social". Dicha calificación se realizaba en 2018, pero la reacción en la hinchada a esta realidad que, alejada de los focos, ya se daba en territorio británico, se empezó a dar en 2015.
Fue en Liverpool, cuando los aficionados de los 'reds' y del Everton, alarmados ante la cada vez más habitual presencia de colas de personas ante los bancos de alimentos, comenzaron a organizarse para hacer colectas antes de los partidos. Los cabecillas, que tuvieron éxito pidiendo a la Premier que redujese el precio de las entradas, intentaron aplicar la fuerza del colectivo a este problema, y pronto tuvieron resultados.
De hecho, la iniciativa se ha ido reproduciendo en los últimos años. En Glasgow, los seguidores del Celtic también han aportado de esta manera, y en territorio inglés ya se conocen grupos en Mánchester, Sunderland, Londres o Newcastle, ciudad en la que se centra el artículo y en la que ya se han recaudado 225.000 euros en un año.
La demanda de paquetes de comida para los bancos de alimentos ha aumentado en un 13% y ya está en 1,3 millones
La problemática es evidente. El Trusell Trust, que administra más de 400 bancos de alimentos, ha visto aumentada un 13% la demanda de paquetes de comida, que en el último año fiscal (hasta marzo de 2018) ha sido de 1,3 millones.
Buena parte de las sospechas se dirigen a la versión aún experimental de seguridad social que se está implantando en Reino Unido, el Universal Credit. Se trata de un sistema de pago que aglutina diferentes ayudas y subsidios cuya fecha de completa instalación ya se ha retrasado hasta 2023, con los inconvenientes que ello plantea.
La espera de hasta cinco semanas para que se tramiten o la obligatoriedad de requerir los subisidios por internet complican el acceso a estas ayudas. En su informe, la ONU lo tachaba de "punitivo" e "insensible".