Declaración de la renta

Casos prácticos de la declaración de renta 2021 (y XXXIII): Las rentas en transparencia fiscal internacional

  • Quiere evitar la desviación de ingresos a jurisdicciones no cooperativas
  • La deducción por dividendos vale aunque sean de periodos distintos
Foto: Istock

La imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional se regula como un régimen de carácter especial. Este régimen tiene sus orígenes en el control de las operaciones de ingeniería fiscal a través de sociedades establecidas en paraísos fiscales o territorios de baja o nula tributación.

Con este régimen, lo que se persigue es evitar que los socios residentes en España transfieran las rentas a estas sociedades y así puedan eludir el pago del Impuesto sobre la Renta, que les resultaría más gravoso para sus bolsillos.

Sociedades no cooperativas

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha modificado el régimen de transparencia fiscal, en concordancia con la modificación de este mismo régimen el Impuesto sobre Sociedades, para incorporar el cambio de definición e incluir la definición de países y territorios que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas, de nula tributación y de efectivo intercambio de información tributaria, que sustituye a la del paraíso fiscal.

Abanderadas por OCDE y UE

Las modificaciones introducidas en la norma desde el 1 de enero de 2015 han ampliado los supuestos de imputación y han reforzado las normas para que las rentas tributen en territorio español.

Este endurecimiento es fruto de la aprobación de las medidas antifraude. La finalidad última es seguir las líneas de lucha contra el fraude y la evasión elaboradas por la OCDE y la Unión Europea, sobre todo por lo que respecta al proyecto BEPS, de lucha contra la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios.

Requisitos para su aplicación

Para integrarnos en este régimen de imputación es preciso que exista una entidad calificada como no residente en territorio español que obtenga determinadas rentas positivas y unos residentes en España, que tributemos por IRPF.

Se exige, además, que las rentas percibidas por la sociedad no sean empresariales y que ostentemos el 50% de la participación en la entidad o bien a través de una serie de personas o entidades vinculadas, o con otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive.

Además, la totalidad de tributos pagados por la entidad debe ser inferior a un 75% de la que habría pagado por las rentas si hubiéramos tributado directamente por el IRPF.

Reglas de imputación

Debemos imputar la renta total de la no residente si no dispone de organización de medios materiales y personales para su realización, incluso si las operaciones son recurrentes, salvo los valores derivados de la participación en el capital o en fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5% del capital de la entidad y los poseamos durante un plazo mínimo de un año, para dirigir y gestionar la participación, siempre que disponga la entidad de organización de medios materiales y personales, y no, como actividad principal, la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

Si las entidades forman parte del mismo grupo, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos sobre el porcentaje de participación, así como la existencia de una dirección y gestión de la participación, se determinan sobre todas las que formen el grupo.

La renta total es el importe de la base imponible de aplicar los criterios y principios establecidos en la Ley de Impuesto sobre Sociedades (LIS) y en la LIRPF. No lo aplicaremos cuando acreditamos que las operaciones se realizan con medios materiales y personales de una entidad no residente perteneciente al mismo grupo.

Otros supuestos

De no aplicarse este procedimiento, debemos imputar la renta positiva de rentas derivadas de la titularidad de bienes inmuebles, rústicos y urbanos, o de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo que estén afectos a actividad económica o cedidos en uso a otras entidades no residente del mismo grupo de sociedades de la titular.

También, se contabilizan las rentas derivadas de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y de la cesión a terceros de capitales propios con una serie de limitaciones, que afectan, por ejemplo, los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas; las operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la propia entidad; la propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de negocios o minas; la transmisión de estos bienes y derechos que genere rentas.

Y, finalmente, los instrumentos financieros derivados, excepto los que cubran un riesgo específicamente identificado derivado de la actividades económicas; así como, las actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, realizadas de forma directa o indirecta, con personas o entidades residentes en España y vinculadas en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas residentes.

Evitar la doble tributación

Es deducible de la cuota líquida el impuesto satisfecho en el extranjero por distribución de dividendos o participaciones en beneficios, si es conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legislación interna del país del que se trate, en la parte que de la renta positiva imputada con anterioridad en la base imponible.

Esta deducción se practica aun cuando los impuestos sean de periodos impositivos distintos a aquel en el que se realiza la inclusión. No se deducen los impuestos satisfechos en países o territorios considerados como paraísos fiscales.

Esta deducción no puede exceder de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por la renta positiva imputada en la base imponible.

Si la entidad participada es residente en jurisdicciones no cooperativas, se presume, salvo prueba en contrario, que se producen si la entidad tiene baja tributación; produce rentas; y la renta obtenida por la participada es el 15% del valor de adquisición de la participación.

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