El bloqueo de los desarrollos del Sureste podría salirle muy caro al Ayuntamiento de Madrid. Las indemnizaciones a las que se expone el Consistorio que lidera Manuela Carmena ascienden a más de 1.500 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 34% de su presupuesto anual. Así lo han calculado dos peritos independientes que han contratado los promotores de estos terrenos, que forman la mayor bolsa de suelo finalista del sur de Madrid, con capacidad para desarrollar 100.000 viviendas.
Federico García Erviti y Gerardo Roger Fernández Fernández, ambos expertos en valoraciones urbanísticas, han realizado un Dictamen de Valoración de las Indemnizaciones por petición de las Juntas de Compensación de Valdecarros, Berrocales y Los Cerros ante la aprobación del Plan Director que diseñó el Ayuntamiento de Madrid para frenar el desarrollo de estos barrios.
Los promotores, que ya interpusieron el pasado mes de abril un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que aprobó dicho Plan Director, aseguran que se trata de un instrumento jurídico que no existe en la ley del suelo y que, por ende, no tiene valor para reformar el plan urbanístico de estos desarrollos, aprobado en 2013 y ratificados por el Supremo en 2016.
De este modo, si el Ayuntamiento no retira el Plan Director, las Juntas de Compensación del Sureste pedirán 1.580 millones en indemnizaciones, de los que 642,4 millones corresponden a Los Berrocales, 755,3 millones a Valdecarros y 182,1 millones a Los Cerros.
"Esta indemnización vendría motivada por los costes y gastos realizados por las Juntas que resultarían inútiles y porque se impediría a los propietarios de suelo a participar en los desarrollos urbanísticos que ya se habían iniciado acorde al planeamiento vigente", detallan. Por otro lado, también se añadirían las indemnizaciones que pudieran exigir de forma individualizada los alrededor de 1.000 propietarios de las Juntas de Compensación por los impuestos pagados a lo largo de estos años en relación a suelos urbanizables cuya clasificación se modificaría. "A todo ello, habría que sumar la renuncia por parte del Consistorio a conseguir importantes ingresos patrimoniales que dejarían de percibir al modificar la clasificación de dichos terrenos: porcentaje de participación pública en las plusvalías, los impuestos sobre construcciones, IBI, actividades económicas, etc.", señalan.
Según explicó el propio Ayuntamiento, la nueva estrategia del Sureste supone la reducción a la mitad del número de viviendas inicialmente previstas, por lo que pasarían de 105.000 a 53.000 unidades. En este sentido, las Juntas señalan el impacto negativo que esto supone en el desarrollo de las 54.000 viviendas protegidas que se proyectaban en el plan original.
