Las constructoras no quieren que el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) pueda revivir episodios como el de las autopistas de peaje quebradas, en las que los costes de expropiación de terrenos se dispararon desde una previsión de 387 millones de euros, hasta 2.250 millones. Por ello, desde el sector se ha solicitado al Ministerio de Fomento que el Estado asuma un tramo mayor de los riesgos expropiatorios que el establecido en el último borrador del pliego del PIC con el objetivo de fomentar la competencia en los proyectos que sacará a concurso a partir de mayo. Cualquier cambio, por tanto, deberá implementarse con celeridad.
En concreto, el departamento que dirige Íñigo de la Serna ha fijado que el sector privado se hará cargo de hasta el 150% del coste de las expropiaciones acordado en la oferta. Mientras, el pliego recoge que a la Administración le corresponderá el tramo que va desde el 150 al 250%, de manera que a partir de este porcentaje los riesgos expropiatorios serán asumidos por las concesionarias. Las constructoras demandan que ese techo se eleve al 400%.
Con ello, tanto las empresas como los fondos de inversión que están interesados en participar en el PIC tendrían más certidumbre, máxime después de lo acaecido con las autopistas de peaje rescatadas ahora por el Estado y en las que todos los riesgos de expropiación estaban cedidos a las concesionarias. En este caso, el Gobierno del PSOE promovió una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010 en la que se fijó un umbral del 175% para que las operadoras cobraran préstamos participativos. Aquella medida compensatoria, sin embargo, no se ha cumplido en la mayoría de los casos y hay varios procesos judiciales abiertos por ello.
Limitar los costes expropiatorios es una cuestión prioritaria para el sector privado, defendida tanto por Seopan, la patronal de las grandes constructoras, como por Anci, que agrupa a las compañías medianas. "Es un tema muy importante porque puede hacer que muchas empresas decidan no ir a tantos proyectos y esto hace, en definitiva, que se reduzca la competencia", señalan desde esta última. Las empresas plantean, además, alternativas para que la asunción de más riesgos por expropiaciones por parte de la Administración sea compatible con la no imputación de la inversión en el balance del Estado como déficit.
Un informe elaborado por Uría Menéndez y Deloitte para Seopan defiende que "la documentación contractual atribuyera claramente a la Administración el riesgo de expropiación, mediante: la previsión del derecho del contratista a una compensación por los sobrecostes expropiatorios; y la inclusión en el valor patrimonial de la inversión o responsabilidad patrimonial de la Administración de los costes reales totales de la expropiación". A nivel mundial, de hecho, la regla general es que este riesgo lo tenga la Administración.