Acciona y OHL están dispuestas a llegar hasta final en su batalla con la Comunidad de Madrid por el proyecto de construcción y explotación de la denominada Ciudad de la Justicia. Las empresas acaban de presentar un escrito de preparación de recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como paso previo para elevar el proceso al Tribunal Supremo, según señalan fuentes jurídicas.
El movimiento de Acciona y OHL se produce después de que el pasado mes de noviembre el TSJM diera la razón a la Comunidad de Madrid en su recurso contra la resolución previa del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la región. Éste había declarado nula la orden de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se desistía del procedimiento de adjudicación del contrato para la redacción, ejecución y explotación del proyecto Ciudad de la Justicia. El TSJM, sin embargo, consideró que existen infracciones "no subsanables" en las normas de preparación del contrato.
A su llegada al Gobierno regional, la presidenta Cristina Cifuentes tumbó el proyecto de la Ciudad de la Justicia, ideado por su antecesor, Ignacio González, y que pretendía concentrar 356 órganos judiciales en un macrocomplejo de unos terrenos en Valdebebas, al norte de Madrid. El proyecto contemplaba un desembolso de 1.752 millones de euros por parte de los presupuestos autonómicos. El argumento del Ejecutivo de Cifuentes fue que aún no se había resuelto un litigio con Isolux Corsán por el proyecto previo del Campus de la Justicia, promovido bajo el mandato de Esperanza Aguirre y del que solo se construyó un edificio.
En la sentencia del TSJM del pasado 3 de noviembre, recogida por Efe, el juez resolvió que la concesión para construir la Ciudad de la Justicia no determinaba "con precisión" el objeto del contrato que es "de todo punto incompatible física, arquitectónica, jurídica y económicamente" con el que ya se había adjudicado en el año 2007 a Corsán-Corviam para construir los Juzgados de lo Social y Mercantil.
Según el tribunal, la Comunidad de Madrid debió resolver de forma previa a iniciar un nuevo proceso de contratación "todos aquellos contratos que suponían de facto una duplicidad de objetos para poder definir con precisión las necesidades reales a cubrir". Sin embargo, no lo hizo y el Ejecutivo de Ignacio González aprobó adjudicar el proyecto en junio de 2015, antes de que Cifuentes tomase posesión, sin precisar el objeto del contrato, lo que supone una "infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato" que legitima el desistimiento posterior.
El TJSM considera que "no se puede sostener con un mínimo de seriedad y rigor" que las infracciones en el contrato eran subsanables, como afirmaba el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, y rechaza los argumentos de Acciona y OHL de que con su desistimiento la Comunidad de Madrid incurría en fraude de ley y abuso de poder.
Cuando se conoció la sentencia del TSJM, Cifuentes se felicitó por ello y valoró el "ahorro" para los madrileños. El conflicto, no obstante, aún vivirá un último episodio en el Supremo. Acciona y OHL presentarán en el Alto Tribunal previsiblemente en las próximas semanas un recurso de casación por el desestimiento de la adjudicación.
