El consorcio que lideran ACS y FCC ha presentado una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, contra el Gobierno de Perú por el proyecto de construcción de la línea 2 del metro de Lima. Las constructoras españolas, junto con sus socias en el proyecto, las italianas Impregilo y Ansaldo y la peruana Cosapi, reclaman el pago de alrededor de 260 millones de dólares (240,9 millones de euros) debido a que, a su juicio, la entrega de los terrenos donde han de desarrollar la infraestructura no presentan las condiciones pactadas en el contrato, lo que ha provocado que las obras acumulen más de un año de retraso.
El consorcio Nuevo Metro de Lima ha contratado al despacho de abogados Cuatrecasas para pilotar el litigio frente al Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, que cuenta con el bufete estadounidense Foley Hoag. En los próximos meses se constituirá el tribunal.
La decisión de ACS, FCC, Impregilo, Ansaldo y Cosapi se ha precipitado después de que las negociaciones con las autoridades peruanas para tratar de llegar a un acuerdo hayan fracasado. El conflicto salió a la luz el pasado otoño y ya entonces las empresas no descartaban acudir a la vía del arbitraje en el Ciadi, cuya sede se sitúa en Washington.
En marzo de 2014, el consorcio que encabezan ACS, a través de sus filiales Dragados e Iridium, y FCC, a través de Vialia, se adjudicó el contrato para el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la línea 2 del Metro de Lima y de un ramal de la línea 4 que llegará hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), por un importe de 3.900 millones de euros. Se trata, por tanto, de uno de los mayores proyectos en los que actúan empresas españolas en el mundo. El plazo previsto para la fase de construcción se estableció en cinco años, hasta 2019, y a partir de entonces arrancaría la de operación, que será de 30 años.
El proyecto consiste en la construcción de 35 estaciones de metro subterráneas unidas a lo largo de 35 kilómetros de túneles. La línea tendrá una longitud de casi 27 kilómetros y cubrirá el eje Este-Oeste de Lima desde Ate hasta Callao para dar servicio a más de 600.000 personas al día. El contrato incluye la superestructura, el suministro de material rodante y los sistemas ferroviarios, entre otros.
