La unión temporal de empresas (UTE) formada por Dragados y Tecsa, adjudicataria de las obras del AVE a su paso por Loja (Granada), cuya paralización ha provocado que esta provincia lleve más de 500 días sin conexiones ferroviarias, ha solicitado formalmente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la rescisión del contrato. La situación afecta a las obras de acondicionamiento de 27 kilómetros de la línea de ancho convencional Bobadilla-Granada para adaptarla al paso de trenes Alta Velocidad, según confirman a Europa Press fuentes de Adif.
El Gobierno ya ha amenazado con sancionar a ACS, en lo que supone un nuevo enfrentamiento entre la constructora de Florentino Pérez y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los casos del almacén de gas Castor y de la línea de alta velocidad entre España y Francia aún escuecen en Moncloa.
Los trabajos del AVE a Granada, que ACS se atribuyó por 23,8 millones de euros (un 51,2% menos que los 48,8 millones presupuestados), están "paralizados" como consecuencia de un modificado y un complementario, de "difícil encaje legal" que la UTE adjudicataria, de ACS, ha solicitado al Ministerio de Fomento, ya que implican un incremento presupuestario que supera el 10 por ciento del coste de la obra, establecido como límite en la normativa sobre contratos públicos.
Ante la negativa de Fomento, la empresa adjudicataria ha requerido formalmente la rescisión de contrato, como avanzó ayer Ideal. En este escenario, Adif ha solicitado una serie de informes técnicos que permitan garantizar la viabilidad del proyecto adjudicado, para alcanzar, de esta forma, una solución dentro del marco legal del contrato y evitar el rescate de la licitación.
En estos casos, Adif analiza, "con el mayor rigor posible", las solicitudes de este tipo para determinar la coherencia y razón o no de las mismas, siguiendo un procedimiento estipulado en el que se plantean tres escenarios. Si las reclamaciones son correctas, se podrá proceder a la modificación de los proyectos. Si por el contrario, sus argumentos no son adecuados o insuficientes, se exigirá la continuación de los trabajos conforme a las estipulaciones de cada contrato. En caso de proseguir las discrepancias, se rescindirá el contrato y se licitará de nuevo.
La legislación imposibilita la modificación de los proyectos si ésta supera económicamente el 10% del importe del contrato. Cuando las reclamaciones de los adjudicatarios superan dicho porcentaje, solo cabe el acuerdo con Adif o la rescisión de los contratos.
Por ese motivo, Adif explica que está analizando la solicitud de ACS con el objetivo de resolver las discrepancias y posibilitar la inmediata continuación de las obras.
El Gobierno exigirá a ACS cumplir ley y, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva no descarta penalizar a esta empresa, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. ?Aquí no hay un problema presupuestario, el Gobierno no tiene un problema de recursos económicos destinados a esta obra, que ya tendría que estar acabada?, aseguró Sanz en rueda de prensa.
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