Los eurodiputados irrumpen de lleno en el conflicto de los desahucios. La Cámara reclamó ayer al Gobierno a utilizar todos los mecanismos a su alcance para bajar al máximo "el intolerable número de desahucios". En una resolución no vinculante aprobada con el apoyo de 383 representantes frente al no de 266 y 10 abstenciones, emplaza en paralelo a Bruselas a vigilar "atentamente" las medidas aprobadas en España en garantía de su aplicación.
Y es que el Parlamento denuncia que el Código de Buenas Prácticas, aprobado para promover la reestructuración de la deuda de familias vulnerables, ha sido "mayoritariamente ignorado" por las entidades. En favor de este argumento alega que es de voluntaria adscripción, pero también reconoce que sus resultados han sido "muy limitados" porque los criterios necesarios para poder acogerse al mismo eran tan estrictos que dejaba fuera a "más del 80 por ciento" de los ciudadanos y hogares en situación límite. El Gobierno ha revisado y ampliado estos criterios varias veces, precisamente para favorecer a un mayor número de personas.
La Cámara se apoya en estadísticas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que cifran en más de 100.000 familias las que han perdido sus casas durante la crisis, siendo las ejecuciones superiores a las 400.000 desde 2008. Desde la promulgación del Código en 2012 hasta marzo pasado, el Gobierno cifró en 31.500 las familias beneficiadas de reestructuración de deuda y alquileres sociales -el fondo de pisos cedido por la banca se ha ampliado recientemente a casi 10.000-.
Verificar las medidas del Gobierno
La reacción de la Eurocámara es a propuesta de su comisión de Peticiones. A respuesta de la presidenta de esta instancia, la comisaria responsable de Consumo, Vera Jourova, reconoció que Bruselas debe aún verificar si las medidas instrumentadas por el Ejecutivo español cumplen con la directiva de hipotecas.
El Tribunal de Luxemburgo falló dos veces en contra de la Ley Hipotecaria española por considerar que dejaba en inferioridad de condiciones a los consumidores, al no permitirles frenar desahucios durante el proceso de ejecución. El revés forzó cambios en la ley a visar por Europa. Según la comisaria, la UE está analizando la respuesta enviada en junio desde España.
