Apurar el tiempo al máximo. Esta es la consigno que, según Servimedia, se impuso el gobierno catalán en su timing para dar una respuesta a Mariano Rajoy y definirse sobre si el pasado martes se declaró, o no, la independencia. Y la respuesta, como se anticipaba, ha seguido esta línea, ofreciendo un periodo de dos meses de plazo para dialogar.
El gobierno español había exigido una respuesta clara y concisa, pero, Carles Puigdemont ha optado por una respuesta "elaborada", tal como había anunciado TV3, cumpliendo con la tónica habitual del independentismo, que desde hace meses trata de alargar los plazos y buscar vías alternativas para eludir la ilegalidad y mantener el pulso y el conflicto vivo. Rajoy había sido muy claro al anunciar que cualquier respuesta que no fuera sí o no se entendería como un rechazo.
Con esta nueva treta, Carles Puigdemont parece que tiene en su carta otro interlocutor además de Moncloa, como es el entorno internacional. Desde el pasado 1 de octubre, tanto el Govern, como las entidades soberanistas, trabajan en tratar de convencer a la prensa y a los organismos internacionales de la "represión" sufrida por los catalanes que fueron a votar aquel domingo y la misiva ahonda en esta situación y en desarrollar su idea de diálogo. En paralelo, han tratado infructuosamente de que las autoridades europeas se convirtieran en mediadores con el gobierno de Mariano Rajoy, algo que el Ejecutivo siempre ha defendido queno es necesario.
Por ello, la respuesta de Carles Puigdemont podría esconder el segundo objetivo de tratar de aumentar el número de apoyos internacionales para darle un vuelco a la situación esta semana y aprovecha para fijar un plazo de dos meses para la negociación, con lo que desoye a la CUP, que le había pedido un periodo máximo de treinta días. Dado que el gobierno español no activaría el artículo 155 hasta el jueves, el 'Govern' gana tiempo para valorar si toma alguna decisión adicional o cambia el escenario de juego.
La última salida, que solicitan todos los partidos constitucionalistas, es la convocatoria de elecciones autonómicas. Oriol Junqueras, vicepresidente del gobierno catalán, negó la semana pasada que, en su caso, sea una posibilidad que esté sobre la mesa, pero tampoco puso la mano en el fuego sobre si esa era la opción también de todo el gobierno. Asimismo, el vicepresidente catalán rechaza la reforma constitucional pactada entre el PP y el PSOE.
Por el momento, tanto el PDeCAT como ERC han pedido este fin de semana unidad al rupturismo -ante la demanda de la CUP de que se active ya la independencia-, y apoyo a la decisión de Carles Puigdemont. No obstante, el presidente catalán, vía Twitter, ya había adelantado que la petición de Moncloa no le gustaba. Señaló que tomaba nota con la amenaza de activación del artículo 155 y ayer, en el aniversario de la muerte de Lluís Companys, destacó que había sido fusilado, "en nombre de la legalidad y el orden establecido"; en una referencia que podría ser interpretada como una muy inoportuna comparación a la exigencia de vuelta a la legalidad del gobierno de Rajoy.
Las entidades soberanistas daban por hecho que Puigdemont ahondará en la desobediencia y activará la independencia, que se encuentra suspendida desde el pasado martes. El domingo la Asamblea Nacional Catalana (ANC) arrancó una campaña para empapelar durante la noche Cataluña con carteles dando la bienvenido a la república. Tanto la ANC, como Òmnium, habían apoyado la decisión de Puigdemont, pero exigiendo plazos como la CUP. Puigdemont hace a los dos primeros un guiño en la carta, pero ha desoído a los anticapitalistas, que, probablemente, abandonen la actividad parlamentaria.