La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, solicitó ayer a la Guardia Civil que elaborara un informe con todas las actuaciones llevadas a cabo "para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona".
Lamela se refiere así a las manifestaciones que se produjeron el 20 de septiembre frente a la consellería de Economía de la Generalitat de Catalunya, y el 21 frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJC), reclamando la puesta en libertad de los detenidos durante las actuaciones de la Guardia Civil el miércoles de la semana pasada.
La Fiscalía había presentado una denuncia, en la que destacaba las actuaciones de los presidentes de la ANC y de Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero sin querellarse. La magistrada ve indicios de que, efectivamente, hayan podido comenterse delitos de sedición durante estos actos, por lo que ha ordenado iniciar investigaciones.
La Justicia ordena el cierre
También ayer, la magistrada que investiga por desobediciencia, prevaricación y malversación a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y al resto de conselleres de la Generalitat por las actuaciones para impulsar el 1-0, emitió un auto en el que ordenaba a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidieran, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o edificios públicos (justo ayer el gobierno catalán tomó el control de los centros sanitarios), para la preparación de la celebración del referéndum. "En esa fecha, se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse", señala la magistrada que instruye el caso.
Asimismo, ordena que se requise todo el material relacionado con el referéndum que, en su caso, estuviera en disposición de introducirse, "incluyendo los ordenadores", precisa la jueza. También ordena que los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional actúen de forma conjunta para asegurar la efectividad de la medidas "prestándose auxilio y con observancia a lo dispuesto en el "artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", que supone poner al mando de la coordinación a la Guardia Civil y la Policia Nacional.