
El estado español se financia en mercados a intereses superiores que los que 'cobra' vía fondos de liquidez autonómicos.
No debe ser fácil manejar una negociación con dos interlocutores tan diferentes como el Gobierno del PP en Madrid y los cuperos en el Parlamento catalán, que es la situación en la que vive hoy Oriol Junqueras.
Hay que reconocer que el conseller de Economía y Hacienda está sabiendo capear el contexto porque, a pesar de que se tiene que sentar con ambos, en los últimos días nadie le critica; el Gobierno en funciones del PP se muestra conciliador con sus demandas a pesar de que él no ha cambiado su mensaje y sigue insistiendo en que es la inflexibilidad del Estado central la que le impide poner en marcha su plan de choque social.
La última reflexión al respecto la escuchamos ayer cuando, en la radio, argumentaba que el plan de choque social -valorado en 270 millones- se pagaría si los fondos del programa de liquidez autonómico -el famoso FLA- no cobrara intereses. Junqueras explica que Cataluña, por el dinero del FLA que ha recibido desde 2012, con un tipo de interés del 0,834 por ciento que es el propuesto para los fondos que se pidan este año, se vería obligada a pagar 380 millones de euros en intereses en 2016. Sin ese coste, Junqueras se lamentaba de que Cataluña podría poner en marcha fácilmente su plan de choque social y, de manera indirecta, culpaba al Estado español de que ese dinero no llegue a los bolsillos de quienes más lo necesitan.
El extraño papel del BCE
Es un argumento fuerte el que ha utilizado Junqueras, suficiente para generar que los catalanes se molesten con el Estado, pero es tramposo porque utiliza un símil que induce a error. El conseller compara los intereses que aplica el FLA con los tipos de interés -desde el jueves en el cero por ciento- del Banco Central Europeo (BCE). Junqueras insiste en que España obtiene fondos del BCE al cero por ciento, pero la realidad es que el banco central, en realidad, no puede dar dinero directamente a los Estados o comprar en mercado primario su deuda. Lo que hace es financiar a la banca y adquirir emisiones en secundario -a partir de ahora incluso de empresas-, lo que asegura que los inversores mantengan la demanda. Además, España no se financia al cero por ciento a largo plazo -la financiación del FLA es largoplacista y en principio estos fondos se devuelven en 10 años-.

El bono español a una década, incluso tras la extraordinaria jornada de ayer en las bolsas, despidió el día en el 1,48 por ciento -que es lo que implícitamente los inversores demandan a España para comprar su deuda a 10 años-. Una cifra que es inferior tanto al 0,834 por ciento que se quiere cobrar por los fondos del FLA, como a lo que en teoría demandarían los inversores a Cataluña para financiarla a un plazo de 10 años. Tal como explicamos ayer en elEconomista, el mercado casi pide cinco veces más intereses a Cataluña que a Madrid y el último bono emitido a 10 años por la Generalitat cotiza con una rentabilidad por encima del 3 por ciento. Con esa referencia, si hacemos la misma aproximación con el cálculo de intereses, financiando todo el capital que Cataluña ha recibido del FLA desde 2012, el importe a pagar este año en intereses superaría los 1.300 millones; una cifra que, desde luego, sería más inasumible.
El problema de Oriol Junqueras no parece que sea, por tanto, el FLA. Es que su programa -y la necesidad de que la CUP u otra formación de izquierdas, como CSQP, voten a favor de unos nuevos Presupuestos- pasa porque éstos sean ?de crecimiento?. Y parece que el conseller ya se va curando de espanto ante lo que puede venir y se prepara para volver a argumentar que, si Cataluña fuera independiente, habría dinero para todo -aunque tuviera que financiarse al 3 por ciento o quizás a más-. No obstante, Oriol Junqueras ya reconoció en su primera entrevista en televisión tras ser nombrado vicepresidente que para cuadrar los gastos y los ingresos hoy Cataluña necesitaría emitir deuda.
La negociación de los impuestos
Los cuperos han dejado claro que quieren subidas de impuestos y un plan de choque social más importante para dar su apoyo a los nuevos presupuestos -y JxSí sabe que mayores tasas pueden reducir la recaudación, como han explicado en el caso del impuesto de Sucesiones-. A la vez, sus socios le han puesto una china en el zapato al obligar a Junts pel Sí a pactar devolver a los funcionarios la paga extra de 2012. Esta decisión le ha dejado sin margen de maniobra porque se come 450 millones en tres años.
¿La solución? Pues igual quedarse con los Presupuestos prorrogados -en principio Oriol Junqueras planea presentarlos en mayo-, o incumplirlos, como el año pasado. Como para entonces sólo llevaremos 12 meses de proceso de desconexión, Cataluña todavía se encontrará en fase autonómica por lo que estará totalmente legitimada para pedir que se apruebe un FLA extraordinario con el que pagar a los proveedores.