Barcelona
La Generalitat de Cataluña presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha anulado el reglamento del impuesto autonómico a las bebidas azucaradas envasadas.
El secretario general de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía, Albert Castellanos, ha anunciado este miércoles que en su escrito solicitarán la suspensión cautelar de la sentencia hasta que sea firme.
Con ello, el gobierno catalán quiere seguir cobrando un impuesto que le ha supuesto unos ingresos de más de 75 millones de euros desde su implantación en 2017. Así, lo mantendrá en el proyecto de presupuestos catalanes para 2020, ya en elaboración.
Castellanos ha incidido en que lo que el TSJC ha anulado es el reglamento del tributo, pero no la ley que lo creó, y ha considerado que el fundamento de la decisión anulatoria del tribunal es "bastante débil".
Las declaraciones de Castellanos se enmarcan en la presentación de los resultados de una evaluación económica del tributo que la Generalitat encargó al Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivalua) –consorcio participado por la propia Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y universidades-.
Según dicha evaluación, el impuesto catalán a las bebidas azucaradas es eficiente social y económicamente, con efectos beneficiosos a largo plazo, por la mejora de la esperanza y calidad de vida y la reducción de costes sanitarios - por reducción de la obesidad y menos enfermedades como la diabetes-.
Escasez de datos
La base de los cálculos son dos estudios preexistentes, de 2018 y 2019, que se centraron en una sola cadena de supermercados cada uno. Ambas firmas de distribución analizadas tienen una cuota de mercado del 10 por ciento en Cataluña, según Ivalua.
El primero de los estudios -de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y que tomó como comparación la semana anterior y posterior a la entrada en vigor de la tasa, el 1 de mayo de 2017- concluyó que el impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas había provocado una reducción de ventas del 15,4%, mientras que el segundo -todavía no publicado, por lo que elEconomista no ha podido comprobar su metodología- estima una caída del 2,2%.
Con estos datos, el ahorro en costes sanitarios se traduce en 61,16 y 6,85 millones de euros, respectivamente, una vez descontados los costes de implantación y gestión del impuesto, así como los gastos sanitarios derivados de una mayor esperanza de vida de los catalanes por consumir menos azúcares.
La evaluación de Ivalua presupone que la reducción de ventas que se dio en las dos cadenas de supermercados analizadas en los estudios seleccionados son extrapolables al resto de empresas que deben liquidar el impuesto ante la administración autonómica –aunque quien asume el coste es el consumidor final-, como pueden ser bares, restaurantes y cines. En definitiva, cualquier empresa que venda bebidas azucaradas envasadas, a las que debe aplicar un sobrecoste de entre 8 y 12 céntimos por litro, según la concentración de azúcar, para desincentivar su consumo.
La propia Ivalua reconoce la escasez de datos, por lo que recomienda la realización de "nuevos estudios empíricos que aporten más evidencias sobre el efecto del impuesto en el consumo de bebidas azucaradas".
Costes para las empresas
Respecto a los costes de crear y gestionar el impuesto, el cálculo sobre los gastos que generó a las empresas en el momento de su implantación es de casi 700.000 euros, teniendo en cuenta parámetros como el cambio en los precios de las bebidas y la reimpresión de menús y carteles. Se trata de una media sobre el total de empresas que deben liquidar el tributo, sin tener en cuenta su tamaño.
Respecto a los costes anuales para las empresas por la obligación de liquidar el impuesto ante la Agencia Tributaria de Cataluña cada trimestre, los sitúa en más de 36.000 euros.
