Barcelona
La patronal catalana Foment del Treball ha instado hoy a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona a considerar su posicionamiento en relación a la normativa que configura el sector inmobiliario. El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha advertido que la normativa actual puede paralizar el sector, así como reducir la oferta y, en consecuencia, incrementar los precios.
En un informe presentado este mediodía, que giraba alrededor de la vivienda y de su importancia económica y social, la patronal ha expuesto el déficit de inversión pública en el sector de la vivienda, lo que supone dejar desatendidas las necesidades de la ciudadanía.
En primer lugar, Sánchez Llibre ha aludido al Plan General Metropolitano, aprobado en diciembre del año pasado, que impone la obligación de destinar un 30% a la vivienda protegida en las promociones de más de 600 metros cuadrados.
El presidente de Foment cree que esta medida "añade más presión sobre los precios al generar un desequilibrio entre la oferta y la demanda" y que ello "reduce el valor de todos los activos inmobiliarios residenciales libres en Barcelona".
Por otro lado, en relación al reciente Decreto-Ley aprobado por la Generalitat que regula la contención de los precios de alquiler, Sánchez Llibre considera que es "lesivo" en tanto que penaliza a las empresas que tienen capacidad para aumentar la oferta de las viviendas en alquiler.
Además, Foment duda de la constitucionalidad de esta medida legislastiva del ejecutivo catalán, que está pendiente de ser convalidada por el Parlament de Cataluña. Sánchez Llibre ha explicado que el Consell de Garanties Estatutàries se pronunció en contra de la constitucionalidad de dicho Decreto-Ley y que retirarlo "evitaría un posterior recurso del Gobierno" y el "trabajo en vano".
El resultado de este panorama, según el presidente de Foment, es que, aparte de paralizar el sector inmobiliario, se pueden llegar a deslocalizar, hacia otras comunidades autónomas, inversiones que "perfectamente podrían hacerse en Cataluña".
Déficit de inversión pública
De 2007 a 2018, la inversión pública en vivienda ha descendido un 61%. Sánchez Llibre ha manifestado que no hay ningún país en el mundo que, después de una crisis, no invierta en vivienda. Según datos del Ministerio de Fomento, el año pasado se construyeron un total de 633 viviendas protegidas acabadas.
Un 90,5% de estas fueron construidas por la promoción privada –es decir, 573-, y solamente 60 de estas más de 600 fueron de promoción pública. "Estas cifras evidencian la necesidad de apostar firmemente por la vivienda protegida por parte de las administraciones", ha aseverado el presidente de la patronal.
Concretamente, ha solicitado al Gobierno central aumentar la dotación económica para la promoción de la vivienda del 0,1 del PIB actual a, como mínimo, el 0,6 que había registrado antes de la crisis.
La patronal defiende que fijar los precios por ley no es la solución, y tampoco lo es aplicar normativas que trasladan al sector privado las obligaciones de las Administraciones en materia de políticas públicas de vivienda.
En relación a la decisión tomada ayer en Berlín (Alemania) de congelar los precios de los alquileres durante 5 años, Lluís Marsà, el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), considera que es una manifestación del "esfuerzo" al que se están "abocando" las administraciones alemanas porque "durante este plazo, se construirá vivienda pública".
Aunque no defienden el intervencionismo en el sector inmobiliario, desde APCE consideran que en Alemania hay una especificidad, y es que la dotación para promocionar la vivienda es mucho mayor que en España. Concretamente, la inversión destinada desde los presupuestos generales alemanes a la vivienda social es de 5.000 millones de euros, y el Plan Estatal de Vivienda español de 2018 a 2021 es de 2.000 millones -para toda la vivienda en general, no solo alquiler social-.
El secretario general adjunto, Salvador Guillermo, en la línea de buscar medidas para satisfacer las necesidades inmobiliarias de la población, ha propuesto revisar las densidades de vivienda por hectárea porque, según él, han quedado "obsoletas".
"Cuando se hizo el Plan General Metropolitano, la media de personas que vivían en un piso era de 4. Ahora, es de 2". Por ello, ha apostado por los "habitantes por hectárea", y no por las "viviendas por hectárea".
En contra del "boicot" de la ANC
En la rueda de prensa de presentación del informe inmobiliario, se ha mencionado la campaña de consumo estratégico encabezada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha activado un buscador para promocionar empresas afines al soberanismo.
El proyecto forma parte de la campaña iniciada en noviembre del año pasado, y busca el "debilitamiento" de los poderes políticos y económicos que, según la ANC, supusieron un obstáculo para que Cataluña se independizara en otoño de 2017, según ha informado Europa Press.
Sánchez Llibre se ha mostrado "radicalmente en contra" de esta campaña de "boicot" que considera "irracional" e "impropia del siglo XXI". El presidente considera que va en contra de los intereses de los ciudadanos, de los agentes económicos, de los consumidores y de los trabajadores.
Los consumidores, según Sánchez Llibre, deben guiarse por el precio, la calidad, la sostenibilidad y la procedencia. "Nunca mezclar política y consumo", ha insistido Sánchez Llibre. "Pondremos todos los elementos a nuestra disposición para defender a todas las empresas catalanas", aunque no ha detallado cuáles son estas medidas porque todavía "tienen que estudiarlas".
