Barcelona
La economía catalana se ha recuperado de los efectos de la inestabilidad que generó el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, según el Colegio de Economistas de Cataluña, pero persiste el "riesgo latente" de los cambios de sedes empresariales, que no han retornado.
El Colegio ha recopilado estudios y realizado tres sesiones de debate para examinar los efectos "en perspectiva", una vez acabado el año 2018, y concluye que el impacto en la economía real del punto álgido del procés fue "bajísimo", según el portavoz de la Comisión de Economía Catalana del Colegio, Modest Guinjoan.
"El impacto fue más político que económico", con acciones del Estado para "demostrar quién manda", con retiradas de depósitos de entidades públicas de bancos catalanes, el decreto para facilitar los cambios de sede y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha sostenido en rueda de prensa.
Modest Guinjoan: "El impacto fue más político que económico"
Y es que, según el Colegio de Economistas, de perfil soberanista, los perjuicios económicos que se produjeron fueron causados por la "campaña del miedo" del Estado en el sector público y el privado.
Consideran normalizada la fuga de depósitos, pese a que a finales de 2018 todavía quedaban fuera 17.000 millones de euros de los hasta 30.000 que se retiraron -entre fondos públicos y privados-, según datos extraídos del Banco de España.
Respecto a los cambios de sede, Guinjoan ha afirmado que fueron "una herramienta potentísima de propaganda" desde el Estado. El coordinador de las conclusiones de los debates, Albert Carreras, ha añadido que sirvieron para provocar una percepción de riesgo de la independencia –al igual que la fuga de depósitos-, pero que los centros de decisión no han cambiado, aunque sí lo haya hecho el lugar de reunión de los consejos de administración y la junta de accionistas por el traslado del domicilio social.
Con todo, Carreras reconoce que no se sabe lo que puede pasar en el futuro si las sedes sociales no retornan a Cataluña. Cifran la fuga en unas 4.000 empresas –descontando que las grandes corporaciones trasladaron múltiples sociedades-, incluyendo la práctica totalidad del Ibex catalán.
Por lo que respecta al impacto fiscal de estos traslados societarios, lo califican de "prácticamente inexistente" porque se circunscribe al impuesto autonómico de Actos Jurídicos Documentados, si bien este es uno de los tributos que más ingresos reporta a la Generalitat.
El turismo de Barcelona, el más perjudicado
En el caso del turismo en Barcelona, Carreras ha reconocido que fue el impacto más destacado, pero ha matizado que fue limitado en el tiempo –el último trimestre de 2017- y que, en opinión del Colegio de Economistas catalán, la causa no fueron las repetidas manifestaciones masivas –de las que alertaban las embajadas de los principales países emisores de turismo hacia Cataluña-, sino la "represión policial" el día del referéndum.
Para la cuantificación del impacto de la aplicación del artículo 155, se remiten al estudio elaborado por la Generalitat, que lo cifra en 130 millones de euros directos, más 1.800 indirectos por pérdida de subvenciones y derechos económicos, retrasos y bloqueos presupuestarios.