El inicio ayer del juicio del procés en el Tribunal Supremo marcó el punto de partida de las afectaciones en el funcionamiento de las instituciones públicas catalanas, durante los al menos tres meses que está previsto que dure la vista oral. La reunión semanal del Govern de cada martes se movió al lunes, y se anuló la actividad del Parlament, mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el de la Cámara catalana, Roger Torrent, acudieron a Madrid, además de otros miembros del Govern y de partidos y entidades soberanistas.
Además, quienes no fueron hasta la capital española, participaron en los paros convocados al mediodía en toda Cataluña. También hubo movilizaciones por la tarde en la autonomía -por las que los concejales de Barcelona del PDeCat, ERC y la CUP abandonaron la Comisión de Economía y Hacienda del consistorio de la capital catalana-, así como concentraciones en varias ciudades europeas.
A primera hora de la mañana también había habido algunos cortes viarios por parte de los CDR, pero de duración limitada, y se concentraron frente a la Fiscalía de Cataluña -que los Mossos debieron disolver retirando en volandas a los manifestantes uno a uno, dejando para el final al diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera-.
La tónica imperante fue la de la reivindicación del derecho de autodeterminación y rechazo al juicio del Tribunal Supremo, pero evitando situaciones de violencia para no perjudicar la imagen exterior de la campaña independentista y a la defensa de los procesados.
El pistoletazo de salida movilizador tendrá continuidad el sábado con una manifestación en Barcelona, y el jueves 21 con la huelga general convocada por la Intersindical CSC, que la Mesa del Parlament ha puesto como pretexto para posponer una semana el pleno previsto para esos días. Por ello, la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció ayer que enviará una carta a Torrent exigiéndole su dimisión "de inmediato", y que intentará que el pleno se pronuncie sobre la continuidad del republicano al frente de la Cámara, informa Ep.
Respecto a la campaña soberanista internacional, el protagonista ayer fue Carles Puigdemont, que afirmó desde Berlín que el juicio del Supremo será una "prueba de estrés para la democracia española" y para su sistema judicial.
Desde Madrid, Torra quiso destacar las aspiraciones de lograr apoyos internacionales -que de momento no han llegado-: "Estoy yendo a todos los lugares posibles", sostuvo en rueda de prensa, añadiendo que presentarán todas las iniciativas posibles ante todas las instancias internacionales: "Llamaremos a todas las puertas que haga falta".
Ante estos planes, el Gobierno español también está desplegando su propia campaña para defenderse de los ataques soberanistas. Embajadores españoles en varios países europeos, pero también en lugares como México y Estados Unidos, convocaron el lunes a periodistas locales y a corresponsales extranjeros para ofrecer información sobre el juicio del Supremo.
Los esfuerzos se han centrado en plazas como Londres, París, Berlín, Viena y Roma y en otras capitales donde el Gobierno ha detectado especial actividad de los independentistas. También en Bruselas.
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