El Círculo de Economía aprovechó su reunión anual de Sitges del pasado fin de semana para presentar en sociedad su fórmula para resolver el conflicto catalán. A grandes rasgos, la asociación apuesta por recuperar la seguridad jurídica y la confianza empresarial en Cataluña, devolver la convivencia y luchar contra la fractura cívica, mejorar la financiación autonómica, delimitar las competencias de la Generalitat y del Gobierno, y elevar el Estatuto al máximo rango normativo dentro de la Constitución y someter esta revisión a referéndum por parte de la ciudadanía catalana.
Varios expertos consultados por elEconomista valoran el acierto y la viabilidad de estas proposiciones, especialmente en el campo económico. "Es una propuesta valiente y que entra en el ancho de vía federal europeo", señala el catedrático de Economía de la UPF, Guillem López Casasnovas, que celebra que el Círculo de Economía entre en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica apelando a la responsabilidad fiscal entre las autonomías y el Estado central -que fija que cada administración debe recaudar lo suficiente para financiar los servicios en los que tiene competencia-, especialmente en lo referente a compartir las bases imponibles del IRPF, pero también de otros tributos como el IVA o el Impuesto sobre Sociedades. "Se trata de abrir ventanas y admitir que estos impuestos pueden descentralizarse, transitando desde el sistema de transferencias hacia un auténtico federalismo fiscal", concluye López Casasnovas. En este sentido, el catedrático también apunta que la propuesta abre la vía a un federalismo fiscal asimétrico -ya que debe ofrecerse a todas las autonomías, además de Cataluña, la posibilidad de unirse al sistema- porque probablemente no todas quieran asumir este grado de responsabilidad fiscal.
Por otro lado, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, considera positivo que se abra un diálogo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y valora favorablemente muchos aspectos de la propuesta del Círculo, aunque también critica otros. A su entender, la propuesta comportaría una gran simplificación del modelo, que prácticamente se reduciría al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. "Esto mejoraría la transparencia y generaría un reparto menos caprichoso que el actual en el que se respetaría la ordinalidad", indica De la Fuente.
Por otra parte, el economista considera que la propuesta del Círculo podría limitar excesivamente el grado de redistribución del sistema. Además, De la Fuente coincide con el Círculo en la necesidad de aumentar la autonomía tributaria de las Comunidades y su nivel de responsabilidad fiscal, pero cree que el modelo de corte norteamericano propuesto por la institución presenta riesgos importantes, incluyendo una menor eficiencia y un mayor riesgo de fraude fiscal si se opta por trocear la Agencia Tributaria.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, también celebra que el Círculo de Economía lance una propuesta sobre un "tema clave" como la financiación autonómica y lo haga "lejos de la demagogia de unos y de otros". Pich señala como positivo que se abra la puerta a la competencia fiscal entre Comunidades siempre que se haga "ordenadamente", de manera que las autonomías no entren en una carrera de "promesas de gasto" que vuelva a disparar el déficit público. Según el economista, el Círculo acierta en proponer un sistema que sea generalizable a todas las Comunidades -y no solo para Cataluña- y no ve negativo que se introduzca un principio como la ordinalidad, aunque sea "difícil de aplicar".
Reforma del Estatuto
La otra propuesta estrella del Círculo de Economía es la reforma del Estatut para elevarlo al rango de norma constitucional dentro de la Carta Magna. López Casasnovas afirma que este cambio daría al texto estatutario un rango superior al de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y lo consolidaría en el bloque de la constitucionalidad. De esta manera, el Tribunal Constitucional no podría "deshacer" preceptos de la norma estatutaria basándose en la LOFCA. En este sentido, el Círculo apunta que "la deslegitimación del Estatuto también ha sido fomentada por la devaluación de su función normativa provocada tanto por medidas del Gobierno central como por decisiones del TC a lo largo de las últimas décadas".
Por su lado, De la Fuente considera positivo que en la Constitución se clarifiquen las competencias estatales y autonómicas, pero indica que un "blindaje incondicional" de estas últimas podría no ser lo más prudente a la vista de los "excesos" que se han cometido en Cataluña durante el proceso soberanista.