Pocas propuestas e inconcreción en el programa económico esbozado este lunes por el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, en su discurso de investidura en el Parlament. El aspirante de JxCat defendió la actuación del anterior gobierno de JxSí (una coalición electoral de la antigua Convergència y ERC) y admitió que la presión fiscal en Cataluña se mantendrá como una de las más altas del Estado, alargando así la incertidumbre sobre el futuro de la economía catalana. De hecho, los ciudadanos de Cataluña soportan el mayor número de impuestos autonómicos propios de España, con un total de 17, y a la vez sufren la mayor presión fiscal, junto con asturianos y extremeños, según cifras del Ministerio de Hacienda. "Pagamos más impuestos que el resto", admitió Torra, y esto seguirá siendo así por culpa "del problema del déficit fiscal" interterritorial, que en su discurso del sábado cifró en 16.000 millones de euros. Como ejemplo, el presidente apuntó que si los catalanes pagaran los mismos impuestos que los madrileños, la Generalitat ingresaría 500 millones de euros menos, y lamentó que "esto no nos lo podemos permitir" porque el Ejecutivo autonómico debe seguir financiando los mismos servicios básicos, como la sanidad o la educación, pero además soportando el citado déficit.
En su discurso, Torra insistió en un programa económico continuista, que desarrollará durante su mandato leyes y acuerdos ya aprobados por el anterior Govern, como el Pacto Nacional para la Industria, la Renta Garantizada de Ciudadanía (un incremento de las ayudas a las personas con ingresos más bajos), el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña o el incremento del parque de vivienda de protección oficial. Una de las principales concreciones por parte de Torra fue que confirmó que la gestión de ATLL (la empresa que suministra agua a 4,5 millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona) volverá a manos publicas, después de que el Tribunal Supremo revocara en febrero la concesión a Acciona tras más de cinco años de batallas judiciales.
Además, el nuevo presidente catalán lanzó propuestas que no dependen directamente de la administración autonómica, sino que son de competencia estatal, como elevar el salario mínimo interprofesional a 1.100 euros brutos mensuales o la sustitución de los peajes en las autopistas por la viñeta (una tarifa plana que permitiría circular por toda la red viaria), un sistema que debería pactarse con el Ministerio de Fomento para ser efectivo y que Íñigo de la Serna ya rechazó en el pasado.
Financiación estatal
Las pinceladas esbozadas por Torra abocan a una necesidad de recursos económicos que la Generalitat solo podrá conseguir por dos vías, según el investigador de la Universidad de Essex (Reino Unido) Javier Santacruz: "Con financiación del Estado, porque Cataluña no tiene acceso a los mercados, y subiendo los impuestos". Santacruz apunta a los tributos tradicionales de mayor recaudación, ya que los nuevos impuestos tienen un potencial recaudatorio limitado, con las rentas medias como las más perjudicadas.
"República para todos"
En el plano político, Torra hizo un discurso igualmente reivindicativo en la sesión en el Parlament, pero en un tono más moderado y detallado que en su primera intervención del sábado. Así, el candidato de JxCat reiteró que Carles Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña y que su gobierno será "leal" al mandato del 1 de octubre para construir un estado independiente en forma de república. De hecho, JxCat anunció el lunes que Torra y Puigdemont se reunirán este martes en Berlín y ofrecerán una rueda de prensa.
Con todo, Torra quiso matizar que se tratará de "una república para todos, para los 7,5 millones de catalanes" y mostró su "arrepentimiento" por los tuits y textos que la oposición ha tildado de "xenófobos". Al margen de ello, aseguró que mejorará la financiación del sistema educativo, garantizará la cobertura sanitaria universal, aprobará medidas contra la violencia machista y reforzará las herramientas de los Mossos en la lucha antiterrorista. Además, señaló que intentará recuperar las 16 leyes sociales impugnadas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.
Contra la "xenofobia"
El discurso de Torra en la segunda sesión de investidura recibió nuevamente una réplica contundente por parte de la oposición. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, cargó contra Torra afirmando que "si alguna vez el independentismo pensaba que tenía alguna posibilidad de salirse con la suya, hoy la entierran con este señor". Arrimadas advirtió que la "xenofobia" de Torra no tiene cabida "en la Europa del siglo XXI y en España" y lamentó que será "muy difícil" llegar a acuerdos en materia social con el futuro Govern. Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, pidió al presidente electo que respete las instituciones y la legalidad y declaró que "si para hacer república hay que romper las leyes, esto acabará como el rosario de la aurora, o sea, en batalla campal". Iceta acusó a Torra de "supremacismo" y "etnicismo" y le preguntó si solo considera catalanes a los que no se sienten españoles. En esta línea, el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, afeó a Torra que "su discurso queda inhabilitado" por su pensamiento contra los catalanes venidos de otras partes de España, y recriminó a ERC y la CUP que no hayan propuesto un candidato progresista. Igualmente, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, advirtió al presidente que "está en sus manos que el Govern no se tenga que volver a intervenir" con el artículo 155. En el extremo opuesto, el portavoz de la CUP, Carles Riera, justificó su abstención -que facilitó finalmente la investidura de Torra- como parte de una "estrategia antirrepresiva", pero confirmó que los anticapitalistas harán oposición porque Torra evita la confrontación con el Estado.
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