Profesionales de diversos ámbitos de la comunidad autónoma han ideado fórmulas para superar limitaciones de la normativa estatal, aprobada en 2015 para que particulares y autónomos insolventes puedan finiquitar su deuda acumulada.
Un fracaso puede servir para conseguir éxitos futuros si se aprende de los errores, pero en el ámbito económico personal, puede convertirse en una carga insalvable por la imposibilidad de hacer frente a la deuda acumulada.
Para intentar permitir que particulares y autónomos insolventes puedan volver a empezar, dejando atrás la deuda que no puedan pagar, España aprobó en 2015 la Ley de Segunda Oportunidad, pero sus limitaciones normativas y en su aplicación hacen que su alcance no sea el deseado, según abogados y entidades empresariales.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Cataluña fue, con 799 casos en 2017, la Comunidad Autónoma donde se presentaron más concursos de personas físicas, experimentando un crecimiento del 58,8 por ciento respecto a 2016. En toda España, registraron un incremento del 41,7 por ciento, hasta un total de 2.237.
Así, Cataluña representó el 35,7 por ciento de todos los concursos de personas físicas que se plantearon en todo el Estado. Tras la autonomía, se situaron la Comunidad Valenciana, con 349, y Madrid, con 279.
También fue Cataluña el territorio donde más concursos de empresas se registraron ante los Juzgados de lo Mercantil, con 1.067 –el 19,9 por ciento del total nacional-, seguida por Madrid –con 918- y por la Comunidad Valenciana, con 798. En total, los 5.357 concursos de empresas presentados en 2017 representaron un 1,9 por ciento menos que los registrados el año anterior.
El número total de concursos presentados en España en 2017 fue de 7.594, un 7,9 por ciento más que los registrados el año anterior. De ellos, 2.237 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial -cuya competencia corresponde desde el 1 de enero de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia-, mientras que los otros 5.357 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.
La abogada Asunción Regol, fundadora del bufete con sede en Barcelona Regol Abogados, ha tratado un centenar de casos de particulares y autónomos que han solicitado adherirse al mecanismo de Segunda Oportunidad desde 2015, y lamenta la falta de recursos humanos y económicos que sufre la administración de justicia, que, entre otros motivos, alarga los trámites.
Hasta ahora, solo han conseguido completar una docena de casos, y tienen una veintena más en la fase final, pero se muestra optimista: "Afortunadamente, cada vez van más rápido".
Explica que los inicios de la ampliación de la Ley de Segunda Oportunidad fueron arduos, pero que Cataluña -que había reclamado este mecanismo presente desde hace décadas en otros países repetidamente- ha sido pionera en buscar soluciones a los problemas de aplicación de la norma, y sus impulsores desean trasladar sus iniciativas al resto de España.
Requisitos mínimos
Existen una serie de pasos y requisitos para ser beneficiario de esta segunda oportunidad:
Ser un particular o autónomo
Se trata de una ley pensada para las personas físicas, ya sean asalariados o empresarios. Es el equivalente al concurso de acreedores de las empresas (personas jurídicas).
No tener antecedentes penales
Las personas que deciden acudir al mecanismo de segunda oportunidad deben presentar el impreso que certifica que están libres de antecedentes penales.
Deuda inferior a 5 millones
La Ley de Segunda Oportunidad no está pensada para deudas superiores a los cinco millones de euros.
Sin concursos culpables anteriores
En el caso de los autónomos, deben acreditar que no tuvieron una empresa anterior que fuese declarada en concurso culpable, es decir, cuya quiebra fuese atribuible a una gestión negligente.
Se puede tener empleo
El deudor que se acoge al mecanismo de segunda oportunidad puede tener empleo, no está pensado exclusivamente para desempleados.
Créditos públicos
"Es una ley bien intencionada y mal ejecutada, que se está utilizando muy poco porque no permite liquidar toda la deuda porque las administraciones públicas no perdonan la suya", lamenta el portavoz fiscal de la patronal catalana Cecot, Enric Rius.
Esto podría cambiar con las modificaciones que debe aplicar España para adaptarse a la normativa europea en este ámbito, pero mientras tanto, el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona dictó el 31 de enero la primera sentencia que exonera a un autónomo de la deuda que tenía pendiente con Hacienda -si bien el fallo es recurrible-.
Otra patronal catalana, Pimec, es especialmente activa en la difusión y petición de mejoras de la Ley de Segunda Oportunidad. Su responsable en este área, José María Torres, cifra en 300 personas las que asesoran cada año, y considera que España tiene una Ley de Segunda Oportunidad "bastante restrictiva", en donde el empresario insolvente tiene que esperar cinco años para obtener la extinción del pasivo pendiente y, además, tiene que pagar durante ese tiempo todas las deudas que no se exoneran, y ello tras la liquidación de su patrimonio, además de que el crédito público no se exonera.
Asimismo, Pimec defiende que los prestamistas "irresponsables" que no evalúan la solvencia al conceder préstamos o lo hacen con test de solvencia negativo deberían asumir el impago. En esta línea, el abogado Sergi Bohé apunta que "a nivel publicitario se incentivan los créditos al consumo de una manera muy irresponsable", lo que agrava la situación de particulares que acuden a ellos para saldar deudas pendientes y lo que hacen es agravar sus problemas por los elevados intereses a devolver en poco tiempo.
Asunción Regol argumenta que las personas se endeudan pensando en que su situación va a mejorar, pero no lo hace y acaban en una situación de "necesidad absoluta". "Nadie se acoge a la Segunda Oportunidad alegremente, vienen muy angustiados", expone. Más información en la revista Catalunya.
