En cuanto el TC lo admita a trámite, dos impuestos de 2017 serán suspendidos
Uno de los acuerdos del último Consejo de Ministros del año puede suponerle a la Generalitat un mordisco de más de 70 millones en sus previsiones de ingresos para 2018.
Se trata de la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre dos impuestos de la ley de acompañamiento de los Presupuestos catalanes de 2017 que el Ejecutivo español considera que no son legales: uno grava a las viviendas vacías de grandes propietarios, y el otro el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos.
En ambos casos se trata de tributos autonómicos que pretendían esquivar impugnaciones anteriores del Gobierno central a iniciativas fiscales del Ejecutivo catalán. En el caso del gravamen a los pisos vacíos, la ley de 2017 modificaba otra anterior de 2015, que Mariano Rajoy ya llevó al TC en su momento. La recaudación prevista en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2017 era de 11,5 millones, y un 0,3 por ciento inferior para 2018 por un cambio para no aplicar el impuesto a pequeños propietarios.
En el caso de los elementos radiotóxicos, la recaudación prevista para sus meses de vigencia en 2017 era de 28,3 millones de euros, mientras que, a año completo, pasarían a ser 62,8 millones en 2018. Además, este nuevo tributo era sucesor de otro a la producción de energía nuclear, que fue suspendido en 2016.
El recurso del Gobierno central aduce que el tributo catalán a los pisos vacíos entra en colisión con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), mientras que el nuevo nuclear daría lugar a supuestos de doble imposición, porque se solapa con dos impuestos ya existentes: el estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.
En cualquier caso, en campaña electoral para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, el candidato popular a presidir la Generalitat, Xavier García Albiol, ya anunció ante empresarios que, si ganaba los comicios, retiraría el impuesto a elementos radiotóxicos, entre otros de la última legislatura, como el de las bebidas azucaradas, el de grandes establecimientos comerciales y el de activos improductivos.
En el lado opuesto, las formaciones catalanas de izquierdas incidían en la voluntad de penalización sobre las viviendas vacías de grandes propietarios. La CUP era la más radical, proponiendo la expropiación de forma inmediata y sin compensación de todo el parque de pisos desocupados de entidades financieras y grandes inversores.
Por su parte, Catalunya en Comú-Podem llevaba en el programa una nueva tasa sobre los pisos vacíos de grandes tenedores o que no alquilen a precios sociales, que a su entender eran hasta 500 euros al mes.