El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, ha decidido anticiparse a los acontecimientos que se deriven del próximo Gobierno catalán que surja de las elecciones del 21 de diciembre. Ayer comunicó al consejo de administración de la infraestructura que dejará el cargo cuando se constituya el próximo Ejecutivo catalán, que es el competente para nombrar al presidente de las instalaciones portuarias de la capital catalana.
Cambra, muy cercano al expresidente de la Generalitat Artur Mas, fue nombrado por éste en enero de 2011, pero ahora ve su etapa ya culminada y atribuye su decisión a motivos personales. No quiere que se le vincule al resultado del 21-D, aunque su nombramiento fue claramente político, ya que no contaba con experiencia previa en el sector portuario antes de acceder al cargo.
Con estudios en Administración de Empresas por Esade, su trayectoria profesional ha ido unida principalmente al deporte, la política y los Recursos Humanos, con inicio s en el sector textil. Fue director general y consejero delegado del Grup Tèxtil Vilá de 1975 a 1990, y en dicho año se convirtió en socio fundador de la firma de cazatalentos Seeliger y Conde, a la que se dedicó hasta 2011. También ha sido director del Torneo Conde de Godó de tenis y directivo del FC Barcelona, así como responsable del anillo olímpico en los Juegos de Barcelona 92.
Su faceta política la desarrolló como senador por CiU entre 1993 y 2004, periodo en el que también fue el portavoz económico del grupo convergente en la Cámara Alta. Asimismo, fue presidente de la Comisión de Hacienda del Senado entre 2000 y 2004.
Sixte Cambra, de perfil discreto, no ha participado públicamente en el proceso independentista, pero sí ha sido un firme defensor de Mas, y se vio implicado en el caso 3% de presunta financiación irregular de CDC. En febrero, fue detenido durante 12 horas mientras la Guardia Civil registraba su despacho en busca de pruebas de supuesto pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obras del Puerto de Barcelona. Cambra defendió las adjudicaciones como impecables e imputó el registro a una maniobra política previa al juicio contra Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N.