El fenómeno okupa se inició como una forma de vivir alternativa a la tradicional, protagonizada por jóvenes de clase burguesa que deseaban demostrar su independencia cultural y vital de la sociedad establecida.
*Por el abogado Juan Carlos Giménez-Salinas
Okuparon principalmente inmuebles cuya propiedad era cuestionada y por ello no existía nadie que pudiera acudir al juzgado para reivindicar la posesión del bien o bienes públicos.
Hoy se ha extendido el término okupa a cualquier bien inmueble ocupado por personas que no son sus legítimos propietarios y, por ello, además de los personajes iniciales, hoy son okupas los necesitados de una vivienda social carentes de recursos para conseguir una vivienda satisfaciendo su alquiler.
También lo son los emigrantes necesitados de cobijo estable y con ciertas condiciones de habitabilidad. Además, y como siempre que existe dejación de poder y desorientación en cuanto al modo de tratar un problema entre la clase dirigente, aparece la picaresca.
Picaresca
Esta picaresca consiste en que una persona se entera que una vivienda se halla vacía, abre la puerta de un golpe, cambia la cerradura y con la nueva llave en su poder sabe que si alguien, incluso el legítimo propietario, quiere entrar en su vivienda, deberá poner una denuncia que posteriormente acabará en el juzgado y con la lentitud habitual y aportación de la documentación pertinente, obtendrá la autorización para entrar otra vez en la vivienda. El pícaro, entretanto, se la alquila a un familia con problemas sociales.
Este fenómeno nuevo es hoy frecuente tanto en Barcelona como en las ciudades limítrofes, y como quiera que hoy en día está mal visto por nuestros ínclitos políticos el ser propietario, los Mossos no quieren comprometerse y desvían hacia los jueces cualquier decisión.
La actitud permisiva hacia los okupas fomenta el fenómeno y su actitud condescendiente podría ser considerada delictiva. Los bienes públicos deben ser protegidos y su destino debe ser acordado por sus respectivos órganos de decisión.
Si nuestras autoridades no acuerdan destinarlos a viviendas okupas, deben actuar defendiendo su propiedad, ya que es de todos. Si no actúan de acuerdo a la ley pueden incidir en el delito de prevaricación, además de ser evidente que permiten un uso de aquellos inmuebles que empobrece el patrimonio colectivo, ya que un inmueble okupado se degrada a ojos vista.
Quizás la solución más lógica consistiría en crear vivienda social por parte de los ayuntamientos que lo precisen y para las familias carentes de medios y hacer cumplir la ley por igual a todos los ciudadanos.
