Desde que a finales de noviembre se conoció que Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, había invitado por carta a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno español, a reunirse en Barcelona, la pregunta sobre cuándo se celebraría se ha escuchado a diario. Finalmente, se entrevistaron ayer.
En el orden del día preparado por Oriol Junqueras figuraba plantearle a Santamaría negociar el referéndum y trasladarle su "preocupación" por el incremento de la deuda española y la sostenibilidad de las pensiones. Sin embargo, se trataron otros muchos temas.
Sobre lo primero, los dos demostraron que existe un gran abismo entre la postura del Gobierno de España y el autonómico. Santamaría señaló que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no podía negociar algo que era propiedad del conjunto de los españoles, y Junqueras respondió que si la vicepresidenta se había llevado algo claro a Madrid era que "Cataluña haría un referéndum", pactado o unilateral.
No obstante esta línea roja que parece irreconciliable, se podrían haber producido acercamientos en otros temas, aunque ninguno hablara de acuerdo. Sáenz de Santamaría explicó que, igual que había sucedido con otras comunidades autónomas, el Gobierno estaba abierto a dialogar con el Govern para evitar tener que recurrir leyes autonómicas al Tribunal Constitucional. Concretamente, la vicepresidenta puso como ejemplo de esa voluntad, las leyes del tercer sector o las del voluntariado, que no habían sido recurridas. También se ofreció a negociar la ley del mercado único, sobre la que el Ejecutivo ya había alcanzado acuerdos con el País Vasco y Galicia. "Nos gustaría trabajar con la Generalitat", afirmó la vicepresidenta, que añadió que el compromiso del Gobierno con el desarrollo de infraestructuras en Cataluña era "serio".
La semana pasada, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, adelantó que trabajaba en un plan de inversiones para Rodalies y en el desarrollo del Corredor Mediterráneo; algo que repitió ayer en Madrid.
Por otra parte, Santamaría afirmó que el Gobierno español podía abordar y negociar el documento de 46 demandas de Carles Puigdemont, pero insistió en que era importante que éste acudiera a la conferencia de presidentes, prevista para el próximo 17 de enero. "Muchos de los puntos que plantea Puigdemont se van a abordar en dicho encuentro, que además va a ser un órgano con capacidad decisoria. Se tratará, por ejemplo, el bono social o la financiación autonómica", reveló Sáenz de Santamaría.