El Parlament de Cataluña ha dado luz verde a la aprobación de la nueva ley de vivienda para personas en riesgo de exclusión residencial. El texto ha sido aprobado por unanimidad en la mayoría de los puntos presentados. La norma busca esquivar el veto de los apartados suspendidos por el Tribunal Constitucional de la ley antidesahucios. La actual tiene como objetivo ofrecer cobertura a las personas en riesgo de perder su residencia por la incapacidad de hacer frente a las deudas o están pendientes de una ejecución hipotecaria.
La Consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha felicitado a las entidades organizadoras de la ILP por mantener "una actitud muy positiva". Además, ha reconocido el trabajo al resto de organizaciones y municipios que han permitido el redactado de la ley. Esta nueva norma prevé recaudar hasta 20 millones en su primer año de ejecución, e incluso contempla medidas como la expropiación ante grandes tenedores de vivienda vacía.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz, ha recriminado al gobierno que hable de medidas sociales cuando invierte "lo mismo en políticas de vivienda que en mantener todo el dispendio en medios de comunicación públicos y subvencionados". En la misma línea se ha pronunciado el diputado del Partido Popular, Fernando Sánchez, que ha acusado al ejecutivo de hablar sobre los problemas de los ciudadanos pero no dar respuestas satisfactorias.
El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluis Rabell ha recordado que la mayoría de los impagos se producen por culpa del impago de alquiler. El diputado ecosocialista ha advertido de que Cataluña se encuentra ante "una nueva burbuja inmobiliaria".
Por su parte, el dipuado del PSC, Jordi Terrades, ha destacado el papel de las entitdades municipales y ha considerado que la nueva norma busca "dar soluciones a la emergencia social que sigue persistiendo, que es una derivada de la crisis que hemos sufrido en los últimos años".
La ley nace después de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley 24/2015, más conocida como Ley Antidesahucios o ILP. La ley, con parte de su contenido suspendido provisionalmente por parte del alto tribunal, está a la espera de una sentencia definitiva del alto tribunal.