Carles Puigdemont sorprendió ayer a los presentes cuando en mitad del Debate de Política General, anunció que los Presupuestos "incluirán una convocatoria de oferta de empleo público de 7.000 puestos de trabajo".
Esto significaría la contratación de 2.500 médicos y enfermeros, 2.000 profesores, 500 Mossos d'Esquadra, 150 bomberos y 300 trabajadores tributarios para la futura Hacienda catalana.
Pero la realidad es otra. El 90% de estas plazas ya están ocupadas por trabajadores que están como interinos, según explican fuentes de la Generalitat a el Economista. Por lo que el verdadero anuncio es la consolidación de 6.350 trabajadores que ya estaban operando para la Generalitat con contratos temporales, y que ahora pasarán a ser funcionarios. Sólo los 650 Mossos d'Esquadra y bomberos serán nuevas plazas, ya éstos no pueden entrar en régimen de interinidad. Por lo que sólo un 9,2% de los nuevos empleos que anunció ayer el president a bombo y platillo serán realmente empleos que antes no existían.
En definitiva, esta contratación apenas tendrá efecto sobre los Presupuestos del próximo año, según confirman fuentes oficiales de la Generalitat. En todo caso, el impacto económico de estos 650 nuevos funcionarios sería de unos 20 millones de euros.
Al margen de los profesores y personal médico, los 300 trabajadores para la Hacienda catalana provendrán con toda probabilidad de la plantilla del cuerpo de registradores de Cataluña, ya que estos tendrán la posibilidad de incorporarse a la nueva Agencia Tributaria Catalana. En todo caso, es la primera convocatoria de oferta pública en muchos años, después de los Gobiernos de Artur Mas.
Puigdemont se congratuló al anunciar esta oferta y dijo tener "una gran deuda" con los funcionarios. Lo cierto es que la verdadera deuda que tienen con ellos es la devolución de la paga extra de 2012, que están devolviendo a plazos.
Aunque el president lo ha explicado como un triunfo, en su momento se vio obligado a pactar para devolverla en tres años, ya que quería ingresarla sólo "si había disponibilidad presupuestaria".
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asegura, por su parte, que podría recurrir la oferta pública si esta supera la tasa de reposición de empleados públicos que dependen de la administración catalana.
La denominada Ley Montoro impide la contratación de nuevos funcionarios, más allá de las plazas para cubrir el 50% de bajas y jubilaciones. Por otra parte, también se controlará para que la Generalitat no exceda los planes de ajuste económico que debe llevar a cabo.En caso de incumplir estos límites, Hacienda recurriría la oferta.
Sueldo mínimo de 1.000 euros
Una de las promesas que Mas hizo a la CUP si lo investian en diciembre, fue aumentar un 35% el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros mensuales (actualmente es de 648,60).
Junto con la nueva oferta de empleo público, fue la gran promesa económica de Puigdemont de cara a los Presupuestos, aunque no hubo noticias sobre un posible aumento de la presión fiscal a las rentas más altas.
JxSí y la CUP: preacuerdo por el referéndum
Los dos partidos independentistas llegaron ayer a un preacuerdo de mínimos por lo que el referéndum "será como muy tarde" en septiembre de 2017. La pregunta sería binaria y se ganaría con el 50% más uno.
Entre los puntos acordados también figura una comisión de seguimiento, impulso, control y ejecución del referéndum antes de final de año. Todo esto se pondrá en marcha incluso en el improbable caso de que el Estado aceptara una consulta acordada. Puigdemont ya acepta la unilateralidad, ya que asegura que "no pondrá en el congelador" el referéndum si el Gobierno no lo acepta. En todo caso, también están buscando sinergias con los 'comunes' para hacer un frente soberanista.
