En los últimos trimestres la economía catalana parece mantener su velocidad de crucero lo que, en particular, se observa en el comportamiento del mercado laboral. En el escenario más probable, en el bienio 2016-2017 la economía catalana podría crear 215.000 empleos y superar los 3,3 millones de ocupados al final del periodo.
Aunque esta cifra implica una recuperación del empleo de 13 puntos desde el mínimo alcanzado durante la crisis, persisten problemas relevantes del mercado laboral catalán. Y aunque la reforma laboral aprobada en 2012 y las medidas complementarias adoptadas desde entonces han contribuido a reparar algunas de las deficiencias existentes, los elevados niveles de paro y temporalidad demandan nuevas actuaciones. En primer lugar, el aumento del empleo será, todavía, insuficiente para alcanzar los niveles del final del anterior periodo expansivo: a finales de 2017 sólo se habrá recuperado la mitad de los 700.000 empleos destruidos durante la crisis. La tasa de paro, actualmente en el 16 por ciento, puede reducirse en dos puntos y medio más hasta el final del bienio, pero seguirá doblando el mínimo alcanzado en 2007 y el de las regiones europeas más avanzadas. En segundo lugar, el ritmo de aumento del empleo puede ser difícil de sostener hacia delante, ya que se ha visto beneficiado por una serie de impulsos temporales, como la reducción del precio del petróleo, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y la recuperación de la actividad en Europa. Pero también por la situación geopolítica de algunos mercados competidores del Mediterráneo, que ha favorecido alcanzar el cuarto récord anual consecutivo de visitantes. No obstante, los incrementos de turistas son cada vez menores, y todo parece indicar que sin reformas en el sector no será fácil mantener las aportaciones al aumento de la actividad, pudiéndose reducir sus efectos de arrastre sobre el comercio o la construcción residencial. Además, el empleo público explica casi un 20 por ciento del aumento de la afiliación en el último año, impulsado por una política fiscal expansiva alentada por el calendario electoral, pero alejada de la necesidad de consolidación fiscal de las cuentas públicas catalanas y españolas.
En tercer lugar, la composición de la creación de empleo dista de ser idónea. En Catalunya la ocupación ha crecido un 8,6 por ciento desde el primer trimestre de 2013, pero como resultado de un aumento del 30 por ciento de la temporal y tan sólo un 4 por ciento de la indefinida. En este mismo periodo, el 60 por ciento del empleo creado se contrata con duración determinada, con los riesgos que ello conlleva: desde el punto de vista laboral, menores incentivos para la mejora del capital humano y la acumulación de conocimiento, o dificultades para el aumento de la productividad en las empresas; y desde el punto de vista de la economía de los hogares, un freno a la confianza necesaria para afrontar planes de consumo y ahorro claves para sostener la demanda interna.
En cuarto lugar, la incertidumbre de política económica observada en la primera parte del año en España tiende a moderar el crecimiento. Sin ella, el PIB de la economía española podría aumentar cerca de un punto adicional durante el bienio 2016-2017. El mantenimiento de esta incertidumbre en el tiempo, a la que deberíamos añadir también la propia en Catalunya -que no es poca-, supone por tanto un sesgo a la baja sobre el crecimiento futuro, que podría condicionar la creación de empleo.
En quinto lugar, la creación de empleo en Catalunya se ha visto acompañada en fases expansivas por el aumento de algunos desequilibrios importantes que, lamentablemente, se vuelven a producir ahora. Por un lado, una ampliación del déficit comercial y, por otro, mermas en la productividad.
Las dificultades del mercado laboral, por tanto, lastran las mejoras de competitividad de la economía, la ganancia de tamaño de las empresas, el aumento de la capacidad exportadora, el aumento de la I+D o la solidez financiera de las empresas, lo que finalmente redunda en una menor capacidad de creación de empleo estable. Por ello, desde BBVA Research se han ofrecido múltiples propuestas que podrían contribuir a solventar los problemas anteriores. En primer lugar, reformar el sistema de protección del empleo, para incentivar la contratación indefinida. Para ello, debería conjugarse un menú de contratos con un cambio integral del sistema indemnizatorio, que elimine la dualidad existente entre temporales e indefinidos, y acompañarlo con un esquema mixto de indemnización para la finalización del contrato.
En segundo lugar, modernizar la negociación colectiva, haciéndola compatible con un sistema multinivel. Es decir, que cuando ello sea lo más eficiente, se baje la negociación al ámbito de la empresa, fomentando la adhesión parcial a convenios de ámbito superior y extraestatutarios, y apostando por la flexibilidad salarial pactada y el pago por rendimiento.
En tercer lugar, favorecer una devaluación fiscal. Una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social reduce los costes de producción, tanto para los productos que se destinan al mercado interior, como para los destinados a la exportación. La merma de ingresos debería compensarse con un aumento de los impuestos indirectos, que gravan a todos los productos, tanto los producidos localmente, como los importados.
En cuarto lugar, incentivar fiscalmente a la prolongación de la vida laboral, simultaneando la percepción de una pensión de jubilación con la realización de una actividad laboral exenta del pago de cotizaciones sociales mejoraría la sostenibilidad de la Seguridad Social.
Finalmente, aplicar una reforma integral de las políticas activas del mercado laboral que incluya una mejora de la dotación presupuestaria, refuerzo de los servicios públicos de empleo y aumento de la colaboración con el sector privado, evaluación continua y transparente, y vinculación con las políticas pasivas.
Pep Ruiz es Economista en BBVA Research
