El Ayuntamiento de Barcelona presentó ayer un plan de choque para luchar contra los apartamentos turísticos ilegales, que impulsará las inspecciones y que endurece las penas económicas.
El consistorio pretende, tal como contempla la Ley de Turismo de Cataluña, multar con hasta 600.000 euros a las plataformas de intermediación que ofrezcan de forma reincidente pisos turísticos sin licencia, y con 30.000 euros, o más a particulares cuando se detecten casos flagrantes.
No obstante, por el momento, los procesos de inspección no han sido del todo efectivos. De acuerdo con los datos difundidos ayer, desde 2015, periodo en el que se han realizado 6.000 inspecciones, apenas se han cerrado 38 alojamientos turísticos ilegales. Por su parte, Hacienda, ha impuesto alrededor de 800 sanciones y está inspeccionando a unos 3.000 contribuyentes.
El equipo de Ada Colau explicó el martes que desde el lunes un grupo de 20 personas se encargará de comprobar in situ si se está llevando a cabo actividad ilegal en pisos turísticos. Además, entrevistarán a turistas y vecinos con el fin de obtener direcciones de pisos que operan sin licencia.
