Cataluña

"No aceptamos la representatividad de Fepime y la recurriremos siempre"

  • Josep González, presidente de Pimec, habla sobre el conflicto entre patronales
Josep González, presidente de la patronal Pimec | Luis Moreno

Josep González, presidente de la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas catalanas, Pimec, afirma que tanto los Presupuestos catalanes, como los españoles, no reflejan el papel de las empresas. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Catalunya.

Insiste que la incertidumbre sobre quién liderará España la próxima legislatura está frenando inversiones, y defiende que las empresas que se van de Cataluña a otras comunidades lo hacen por motivos fiscales y no por el proceso independentista. Respecto a la pugna que mantiene con Fepime y Foment, González explica que no aceptará que la primera tenga representatividad "por silencio administrativo".

¿En qué punto se encuentra su conflicto con Fepime y Foment por las cuotas de las patronales?

Nosotros, aunque respetamos la decisión judicial, vamos a interponer todos los recursos que haga falta hasta que logremos aclararlo, porque no aceptamos que haya una tercera entidad por silencio administrativo. Tras el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estamos pendientes del juicio y, si lo perdemos, volveremos a recurrir al Supremo, que ya nos dio la razón en septiembre de 2012. Posteriormente, en 2015, el Govern realizó un estudio, que estableció que la cuota debía ser 50% para Pimec y del 50% para Foment.

En algunos círculos se comenta que la Generalitat les favorece por su apoyo al independentismo...

Hace tres años nos posicionamos a favor del derecho a decidir, que ahora defienden otras entidades empresariales como el Círculo de Economía y que, dentro de Foment, lo apoya Cecot. La Generalitat nunca nos ha pedido ayuda para el procés ni que nos posicionemos y nosotros hemos intentado mantener el equilibrio, porque dentro de la patronal tenemos empresarios con todas las sensibilidades. Si apoyáramos el proceso, habríamos potenciado personas con ese perfil.

¿Piensan que el 'procés' afecta a las inversiones y que impulsa los traslados a otras comunidades?

Siempre he defendido que, por el procés, hoy por hoy no se han marchado empresas, pero sí que han trasladado su sede a otras comunidades porque tienen una fiscalidad más barata. Las empresas extranjeras que invierten aquí no le dan importancia, porque creen que Cataluña cuenta con características que limitaría el riesgo de una posible separación de España.

¿Entonces es la fiscalidad?

Eso es una realidad. Cataluña tiene una fiscalidad alta en comparación a otras autonomías y hay empresas que hacen números y se van. También es verdad que existen empresas que se marchan a otras comunidades porque allí tienen subvenciones o ventajas, algo que ya sucedía desde el Tripartito.

Respecto a España, ¿afecta la falta de gobierno a las inversiones?

En este contexto, no es extraño que cualquier tipo de inversor, ya sea nacional o internacional, esté ralentizando sus decisiones a la espera de ver qué ocurre y más cuando tenemos un abanico de partidos que van desde una derecha muy derecha, a una izquierda muy izquierda, algo a lo que el capital es sensible. Lo que ocurre es que ahora mismo es complicado calibrarlo, porque una inversión que se para no se publica en la prensa.

¿Cómo valora los los nuevos Presupuestos de la Generalitat?

En materia de empresas, podemos decir que no han empeorado, pero en esta temática, tanto los presupuestos catalanes, como los españoles, nunca reflejan la importancia que tiene la empresa. En temas como la innovación, la reindustrialización? no veo políticas claras y decididas. Además, en temas de educación existe una falta de inversión clara para potenciar la formación profesional.

¿Le preocupa que el Govern dependa de la CUP para aprobarlos?

Sí, porque la CUP y nosotros no coincidimos en muchas cosas.

¿Qué medidas debe impulsar el futuro gobierno a favor de las pymes?

Deberíamos ir a hacia una fiscalidad muy específica para las pymes. No puede ser que una gran empresa pague de media entre un 7 y un 9% en impuesto de sociedades y una pyme pague, como mínimo, un 15%. Esto es penalizar a las segundas, que generan un 75% del PIB y un 65% de los puestos de trabajo.

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