
El equipo de la Conselleria de Economía catalana ultima un anteproyecto de Presupuestos que presentará a finales de mayo. Sin mayoría absoluta en el Parlament, Carles Puigdemont y Junts pel Sí necesitan del apoyo de otros partidos para aprobarlos. Pero solo la CUP comparte su objetivo independentista. La formación anticapitalista demanda un plan de choque por encima de los 270 millones prometidos y propone financiarlo subiendo o creando impuestos. Pere Aragonès, secretario de Economía, espera llegar a un acuerdo.
¿Negocian los Presupuestos con la CUP o también con otros partidos por si no logran pactar con ellos?
La prioridad ahora es la CUP. A la vez, en paralelo, lo que estamos haciendo es negociar con otros departamentos del Gobierno. Este también es un debate apasionante, porque todos defienden su ámbito.
Hace pocos días la CUP votó en el 'Parlament' a favor de que elevaran el IRPF a las rentas altas...
Esa moción fue un mandato para estudiar posibles cambios en el IRPF y en el Impuesto de Sucesiones, con el objetivo de hacerlos más redistributivos, que es algo que está en fase de estudio. Veremos al final cuáles son las conclusiones y las diferentes alternativas para que se aprueben con el máximo consenso. No obstante, el impacto de una reforma de Sucesiones o IRPF no se notaría hasta el ejercicio 2017.
¿Y también estudian crear un impuesto sobre grandes fortunas como alternativa al de Patrimonio?
Nunca dejaremos de estudiar posibilidades para mejorar los ingresos de la Generalitat. Pero debemos tener en cuenta el nivel del que partimos. Cataluña presenta una presión fiscal por encima de la media en la mayoría de figuras tributarias. Así que se pueden hacer retoques o ajustes, pero no podemos plantearnos un aumento generalizado de la carga impositiva, porque ya estamos en un nivel muy elevado.
¿Una subida de gravámenes sobre las rentas altas no genera fricciones con el ala convergente de 'JxSí'?
Desde mi punto de vista, creo que dentro del Gobierno hay una cohesión sobre esta cuestión, en el sentido de que no hay margen para un aumento generalizado de los impuestos, pero que sí podemos estudiar la posibilidad de optimizar los ingresos y hacer pequeños ajustes.
¿Y con los empresarios? El proceso independentista y la alta fiscalidad siempre se relaciona con la elevada fuga de empresas...
Los datos que tenemos desmienten esta cifra, porque se crean más empresas de las que cambian de domicilio fiscal. En materia de inversiones y de creación de empresas dentro del Estado español, Cataluña es líder en la constitución de las que crean empleo, que son las que cuentan con entre 50 y 250 trabajadores. Entendemos que pueda haber una intencionalidad política en ciertos números, pero a lo que tenemos que atender es a la localización de la producción y a dónde las compañías generan puestos de trabajo, más allá del lugar en el que esté la sede corporativa. No estamos perdiendo peso empresarial, sino al contrario, y estamos captando inversión extranjera.
¿Captarán las inversiones de BCN World? ¿Lo consentirá la CUP?
Confiamos en que habrá un nuevo proyecto un poco más comedido desde el punto de vista urbanístico, en el que el juego no tenga un rol central y que pueda ser sostenible. Estamos trabajando con los inversores y esperamos que en los próximos meses pueda haber una nueva propuesta. Intentaremos tener el máximo consenso político, pero hay fuerzas más allá de la CUP que están en nuestra línea.
¿Se plantean recortar gastos? Por ejemplo, en televisión y radio...
En materia de medios de comunicación, la CCMA ha sufrido una reducción del 33% de la aportación pública, con lo que el ajuste ya es importante.
¿Y en las futuras estructuras de estado o en la Conselleria de Exteriores, que podrían crear conflictos con el Estado para cobrar el FLA?
Ciertos ámbitos que el Gobierno español puede considerar como gasto "independentista" en realidad son partidas que figuran en los presupuestos autonómicos y que nadie cuestiona. Por ejemplo, en el ámbito de la acción exterior, el gasto por habitante es más bajo que el de otras comunidades autónomas. La contratación de funcionarios para la Agencia Tributaria no aumenta el gasto, porque se compensará con la cancelación de los contratos de las funciones que se externalizaban.
Entonces, ¿cumplirán con el objetivo de déficit del 0,7% para 2016?
Trabajaremos para que sea así, pero no porque nos lo diga el Ministerio de Hacienda. De hecho, si nos ciñésemos literalmente a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, deberíamos tener un techo de déficit para el conjunto de CCAA mucho mayor del planteado. Lo que queremos es reducirlo, porque continuar con déficits elevados significa aumentar la deuda de la Generalitat y esto incrementa los intereses de cara al futuro y produce dependencia de la financiación externa.
¿Estarían dispuestos a frenar el 'procés' por una mejor financiación? ¿Y por un referéndum?
El marco para el acuerdo es poner la decisión en manos de la gente y esto pasa porque en Cataluña se haga lo mismo que en Escocia o en Quebec. En cuanto a la reforma de la financiación autonómica, no es la prioridad política del Gobierno. Pero si se propone, ahí estaremos.