España continuará manteniendo la última palabra en lo que a la fijación de tarifas portuarias se refiere. Aunque el Parlamento Europeo ha aprobado un documento en el que reconoce que los diferentes puertos pueden fijar los precios, también establece que los estados tendrán la última palabra, según han explicado a elEconomista fuentes comunitarias, porque el gobierno deberá validar las tarifas.
La resolución, que todavía tiene que ser discutida en el Consejo Europeo y después volver a la Comisión y al Parlamento, no se espera que tenga una versión definitiva hasta el verano. Desde ciertos partidos políticos, como el catalán CDC, se había insistido en que el documento apoyaba que importantes puertos españoles, como el de Barcelona o el de Valencia, fijaran libremente los precios -ahora es Puertos del Estado quien los establece y después cada puerto puede aplicar ciertas bonificaciones-.
Sin embargo, el texto aprobado por el Parlamento Europeo recoge expresamente que no se quieren modificar los modelos nacionales. Fuentes comunitarias explican que, de hecho, se incluyó esta apreciación porque, si no, la resolución no habría salido adelante.
Cataluña y la Comunidad Valenciana han pedido, según recuerda CDC, libertad a la hora de fijar las tarifas aeroportuarias. El tráfico que generan ambas instalaciones son de los más significativos del estado español. Otros puertos con importante actividad son los de Algeciras, Las Palmas o Bilbao.
