El pleno del Parlament ha aprobado hoy la ley que implanta el impuesto sobre las viviendas vacías destinado a las entidades financieras y las empresas inmobiliarias con excedentes de pisos que lleven más de dos años sin estar habitados.
La nueva ley ha sido aprobada con los votos favorables de CDC, UDC, ERC y Ciutadans (C'), y los contrarios de PSC, PPC, ICV-EUiA y la CUP.
El objetivo del impuesto, con el cual la Generalitat esperar recaudar más de ocho millones de euros anuales, es reducir la cifra de viviendas vacías y potenciar el alquiler social, para lo cual se gravan a los bancos, cajas y empresas inmobiliarias que tengan bolsas de pisos desocupados durante como mínimo dos años.
La base imponible del nuevo impuesto varía en función de los metros cuadrados de los inmuebles y puede situarse entre un mínimo de 800 a 2.400 euros el año, si bien quedan exentas de pago las personas físicas, las entidades del tercer sector y los pisos puestos a disposición de programas sociales o situados en zonas de escasa demanda.
El texto crea un registro de viviendas vacías y prevé bonificaciones del impuesto de entre el 10 al 100% a medida que las viviendas se destinen a alquiler.
Contempla, también, causas justificadas para dejar pisos vacíos, como la necesidad de rehabilitación o la ocupación ilegal.
En defensa del texto, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha subrayado que la situación de la Generalitat en esta materia ha mejorado en los últimos años, porque de las 25.000 familias que recibían ayudas han pasado a 40.000, y de 3.500 viviendas vacías perteneciente al parque público ahora hay menos de 900.
Vila ha admitido, sin embargo, que hoy en día la Generalitat recibe más de 80.000 solicitudes procedentes de toda Cataluña de ciudadanos que piden ayudas de algún tipo ante la falta de vivienda.
Sobre el impuesto ha puntualizado que no tiene ánimo recaudatorio sino que persigue el objetivo de que no haya viviendas vacías, y ha ofrecido datos sobre la colaboración de algunas entidades financieras.
En concreto, ha dicho, la Generalitat ya ha cerrado acuerdos por más 1.530 viviendas pertenecientes a Catalunya Caixa (400), Bankia (230) y la Sareb (600 y posteriormente otras 300).
Roger Torrent, de ERC, ha destacado que la ley movilizará pisos vacíos para ponerlos en el mercado, además de aumentar el stock de viviendas asequibles, y ha subrayado que "hay que corregir una situación que clama al cielo, porque hay bancos que han sido reflotados con millones de euros públicos que se permiten el lujo de tener pisos vacíos".
Jordi Terrades, del PSC, ha elogiado "el objetivo de disponer de un parque público potente" después "del problema que han generado las entidades financieras", pero ha considerado que el impuesto no solucionará el problema de los pisos vacíos.
El diputado del PPC José Antonio Coto se ha posicionado en contra ya que considera que los bancos acabarán repercutiendo en sus clientes la cuantías del impuesto.
Desde ICV-EUiA, David Companyon también ha criticado la ley al considerar que "tiene poco a ver con las políticas que defendemos" y también porque "no garantiza la función social de la vivienda".
En cambio, José Manuel Villegas, de Ciutadans, ha elogiado la ley y el impuesto, que considera una posición intermedia "entre los que propugnan no hacer nada ante la falta de vivienda y los que hablan de expropiar pisos vacíos".
Quim Arrufat (CUP) ha advertido al conseller Vila que los pisos de que dispone la Generalitat como viviendas sociales "siguen siendo muy pocos" ante la demanda existente.
