Indignación es lo que se respira en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña después de recibir una multa de la Seguridad Social por haberse retrasado nueve días en ingresar las cuotas sociales de los trabajadores de la Administración catalana. La multa supone una penalización de 24 millones de euros, ya que los intereses de demora que cobra la Seguridad Social son del 20%.
La sanción ha generado un fuerte malestar en el Gobierno catalán y en especial en el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, que desde hace meses libra una sorda batalla con el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, para lograr la liquidez que necesita Cataluña para hacer frente a sus compromisos.
¿Quién retrasa qué?
En la Generalitat consideran que Montoro está retrasando las transferencias de dinero el máximo tiempo posible para demostrar que es el Estado quien tiene el control de la situación.
Sin embargo, en esta ocasión el tira y afloja se les ha ido de las manos. La semana pasada la Generalitat tenía previsto que el Gobierno les transfiriera 568 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para poder pagar, entre otras cosas, los conciertos económicos de hospitales, escuelas y residencias de la tercera edad. Finalmente, esta cantidad no se hizo efectiva hasta ayer, lo que ha provocado el retraso de los pagos comprometidos, entre ellos las cuotas a la Seguridad Social.
Ayer, tras la reunión del Consejo Ejecutivo, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, explicó que recurrirán la multa de 24 millones impuesta por la Seguridad Social a la Administración catalana por los nueve días de retraso. "Es el mismo Gobierno el que nos debe centenares de millones de euros, pero resulta que si te pasas un día, en este caso nueve días, en las cuotas de la Seguridad Social, te ponen una penalización". Homs afirmó que no se explica esta penalización cuando el pago de esas cuotas estaba ligada al cobro del fondo de liquidez, algo de lo que el Gobierno central "era consciente".
"Esto nos ha llevado este mes a una situación sorprendente que genera indignación" y que "no hay quien lo entienda", se quejó el dirigente. "La única cosa que nos queda es recurrir, y así lo vamos a hacer", señaló.
La Generalitat presentará un requerimiento ante el Ministerio de Empleo, previo a la presentación de un recurso de incons- titucionalidad, contra el recargo.
Cercano a la prevaricación
Homs descartó que la situación provocada por el Gobierno con el retraso del pago del FLA esté ligada a las declaraciones contra el proceso independentista iniciado por CiU en Cataluña.
Si esto fuera así, el Gobierno, "estaría rozando la prevaricación", apuntó Homs. "Si utilizasen el FLA para finalidades políticas y en línea de represalias, estarían prevaricando. Esto está tipificado como delito", aseguró el portavoz.
Tras recibir ayer los 568 millones de euros del fondo de liquidez, la Generalitat ha ordenado los pagos pendientes a las entidades concertadas, que se ejecutarán a lo largo del día de hoy.
Cataluña recibe 568 millones del fondo de rescate
