La Generalitat de Cataluña buscará "otras maneras" y mecanismos que compensen la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular por invasión de competencias estatales la rebaja en Cataluña del IRPF a las rentas más bajas aprobada en 2020, según explicó este lunes la vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi.
Dicha rebaja formó parte del acuerdo entre el Govern de Junts y ERC con Catalunya en Comú Podem para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat de 2020, que son los todavía vigentes, ya que en 2021 ha habido prórroga presupuestaria.
La modificación tributaria ahora anulada fue más un gesto político que una reforma de calado económico, ya que suponía un ahorro de unos 60 euros para unos 200.000 contribuyentes, a quienes no afectará el fallo judicial con efectos retroactivos. El motivo de la inconstitucionalidad de la medida es que la fórmula que eligió la administración catalana se basaba en elevar el mínimo exento para tributar -que pasó de 5.550 euros a 6.105 euros anuales para rentas de 12.450 euros o menos-, un aspecto que es de competencia estatal.
El Gobierno recurrió al TC tras intentar sin éxito llegar a un acuerdo con la Generalitat, y, tras la sentencia anulatoria, la administración catalana estudiará otras vías para beneficiar a las rentas bajas dentro de la legalidad, una estrategia que ya siguió tras las anulaciones de otros gravámenes autonómicos por su inconstitucionalidad, como el de los pisos vacíos.
Tramo autonómico
De hecho, Cataluña tiene margen para rebajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas más bajas, que es el más elevado de toda España, si bien lo descartó en 2020 para no perjudicar sus niveles de recaudación tributaria.
En cualquier caso, el consejero catalán de Economía, Jaume Giró, ha tendido la mano a la CUP para negociar rebajas en el IRPF a las rentas inferiores a 30.000 euros en los Presupuestos de la Generalitat para 2022, cuyo proyecto presentará este martes en el Parlament todavía sin el apoyo de los anticapitalistas, que ERC y Junts señalan como aliado prioritario para sacar adelante las cuentas del próximo año.
De momento, Giró rechaza subidas de impuestos, con la excepción de los tributos ambientales, en los que la Generalitat sí que ve margen para luchar contra el cambio climático. De hecho, el último en entrar en vigor, este mismo año, sobre las emisiones de CO2 de los vehículos, ya prevé que la cuota a pagar en 2022 sea superior a la de 2021. La figura ha sido criticada por aplicarse según el tipo de modelo de vehículo sin tener en cuenta su nivel de uso, sino únicamente por tenerlo en propiedad.
Aumento salarial a funcionarios
La Generalitat ha incluido en su proyecto de Presupuestos para 2022 un aumento salarial del 2% para los empleados públicos, alcanzando el máximo que permite la normativa básica estatal, según anunció este lunes la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, en la Mesa de la Función Pública.
También prevé reactivar el pago del complemento de productividad, limitado en los últimos años, y recuperar parte del importe de 2021.
